— Por las presuntas irregularidades en la adición al contrato de la Concesión Ruta del Sol tramo Ocaña-Gamarra, relacionado con el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria al ex Ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos.

El pasado 23 de febrero la Procuraduría revocó el auto de archivo a favor de Peñalosa, a quien se investigaba por la adjudicación irregular de la Ruta del Sol, en su condición de Consejero para las Regiones.

El despacho del Procurador General investiga sobre probables sumas de dinero entregadas al entonces ministro Peñalosa por parte de la firma Odebrecht, para la adición del contrato de concesión, por lo que se investigará un posible enriquecimiento patrimonial injustificado.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de las conductas y las circunstancias de las mismas, así como la responsabilidad disciplinaria del investigado.

Una vez sea evaluado todo el material probatorio se determinará la procedencia o no de formular cargos.

Miguel Peñalosa Barrientos, oriundo de Cúcuta, graduado en Ingeniería Eléctrica en la UIS, se desempeñó como ministro de Transporte entre el 28 de mayo y el 3 de septiembre del 2012. Antes, desde 2010 ocupó el cargo de alto Consejero Presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana.

Dentro del mismo escándalo de corrupción, la vispera la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de Roberto Prieto Uribe, en su condición de representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el ministerio público, Prieto Uribe, exgerente de la campaña Santos presidente, habría gestionado intereses privados de la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A., en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado, ante ese organismo internacional de crédito.

El ente de control estimó necesario investigar si la contratación con los recursos que recibió Colombia del BID y que fueron contratados por entidades públicas con la sociedad Marketmedios Comunicaciones, estuvieron mediados por la intervención de Prieto Uribe.

La representación de Colombia ante un organismo internacional implica necesariamente el ejercicio de función pública, al punto que su designación se produjo por decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha condición exige cumplir a cabalidad el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses atribuible a cualquier servidor público del Estado colombiano.

La contratación de Marketmedios con entidades del Estado superaría los 80 mil millones de pesos en los últimos años.