La Corte Constitucional rechazó por improcedente una acción de tutela que buscaba regular el servicio de transporte que ofrece la plataforma Uber en Colombia.

Un sejeto alegaba una mejoría en su vida personal y laboral luego de prestar el servicio de transporte como conductor afiliado a dicha plataforma.

El demandante perdió el 55 por ciento de su capacidad laboral al ser víctima de un atraco en el cual le dispararon con un arma de fuego.

Sin embargo, se sentía amenazado debido a que el Ministerio de Trabajo no había regulado los servicios prestados por Uber.

El alto tribunal respaldó los argumentos del Ministerio que explicó que aunque la persona merecía protección constitucional, no podía pasar por alto normativas que ya regulan el transporte y una normativa del 2016 que señala: “se habilitan las plataformas que serán el soporte de las empresas legalmente habilitadas para la atención de servicio en nivel de lujo”.

La Corte indicó que el hombre no argumentó con suficientes pruebas un perjuicio que ameritara darle trámite a su solicitud.

“Las pretensiones planteadas (…) encaminadas a ordenar al Ministerio de Transporte que regule su actividad como conductores de Uber no estarían llamadas a prosperar”, puntualizó el alto tribunal.