–En 170 municipios del territorio colombiano coinciden riesgos electorales tanto por factores indicativos de fraude, como por factores de violencia, advierte la Misión de Observación Electoral, MOE, en un informe frente a las elecciones del 11 de marzo para Congreso –Cámara y Senado– y del 27 de mayo para presidente de la República.

En el documento, divulgado este jueves, reseña los “Mapas y factores de Riesgo Electoral- Elecciones Congreso y Presidente 2018” y destaca que la cifra de municipios en riesgo es la menor registrada hasta el momento en la historia de la MOE.

No obstante, precisa:

«Aunque el número de municipios en riesgo consolidado disminuyó frente a las anteriores elecciones de 2014, en donde se tenían 260 municipios, el nivel de riesgo extremo aumentó en 14 municipios, pasando de 50 en 2014, a 64 para los procesos electorales que se avecinan».

La MOE solicita al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales y a medios de comunicación, especial atención a estos 170 municipios de los cuales 64 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que los factores indicativos de fraude, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, han presentado leves disminuciones; mientras que para las elecciones de 2014 la MOE señalaba 410 municipios en riesgo para Senado y 386 municipios en riesgo para el Cámara de Representantes, para 2018 la MOE alertó riesgos en 379 municipios para Senado y 355 en Cámara.

“Estamos viendo una leve disminución del riesgo asociado a las prácticas políticas locales, no obstante, los niveles de municipios con niveles extremos de riesgo aumentaron, lo que implica que las autoridades deben mantener acciones preventivas sobre posibles delitos e irregularidades electorales que se presenten en esos municipios”, indicó.

Riesgo por coincidencias de factores indicativos de fraude electoral y de violencia

Municipios de vigilancia especial:

Sobre 20 municipios que se presentan a continuación, la MOE solicitó a las autoridades una vigilancia especial y presencia de las autoridades responsables del normal desarrollo del proceso electoral. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de expertos, en estos municipios se aumentó el nivel de riesgo a extremo para 2018.

Departamento y Municipios:

1 – Antioquia, Briceño
2 – Antioquia, Cáceres
3 – Antioquia, Remedios
4 – Antioquia, San Andrés de Cuerquía
5 – Antioquia, Tarazá
6 – Arauca, Arauquita
7 – Bolívar, Arenal
8 – Cauca, Corinto
9 – Chocó, Bajo Baudó
10 – Chocó, Medio Baudó
11 – Córdoba, Buenavista
12 – Córdoba, Cotorra
13 – Guaviare, Miraflores
14 – Meta, Vistahermosa
15 – Nariño, Barbacoas
16 – Norte de Santander, Convención
17 – Norte de Santander, El Carmen
18 – Norte de Santander, Hacarí
19 – Norte de Santander, La Playa
20 – Norte de Santander, Teorama

En 31 municipios el riesgo indicativo de fraude disminuye tanto para Cámara de Representantes como para Senado

El informe de Mapas de riesgo electoral señala 45 municipios en riesgo extremo por factores indicativos de fraude en Cámara y 34 en Senado.

Proceso de Paz eliminó el riesgo electoral por factores de violencia en 79 municipios

La MOE resalta que tal vez el cambio más drástico que señalan los Mapas de Riesgo Electoral es el riesgo consolidado por factores de violencia. Para las elecciones de autoridades nacionales de 2014 se alertaban 389 municipios con riesgo y en 2015, 438 municipios; para las elecciones de Congreso y Presidente de 2018 la MOE alerta riesgos de violencia en 310 municipios, de los cuales 130 en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 58 en riesgo extremo.

CONCLUSIONES:

Uno de los riesgos más importantes para
el año 2018 y las contiendas electorales
corresponde a la falta de confianza de las
comunidades en la posibilidad de que la gobernabilidad
local avance en la implementación
de los Acuerdos y la construcción de
una paz territorial, así como en la existencia
de una voluntad política a nivel local clara
que corresponda a garantizar los derechos
a tierras, reparación, participación política,
solucionar el problema de las drogas y asegurar
la reincorporación de los ex combatientes
de las FARC.
Así mismo, en los 12 municipios del
corredor Meta-Guaviare priorizados para
los PDET y Circunscripciones especiales de
paz se ha evidenciado, durante el acompa
ñamiento de Pastoral Social Regional, un
inconformismo por las formas de participación
planteadas, los casi nulos ejercicios
de información, los costos que tienen que
asumir las comunidades para participar en
los espacios de reunión y contienda electoral,
y la información confusa que se ha
generado alrededor de los programas municipales
que sustentan los PDET, sus propósitos
y formas de acción, entre otros.
El segundo riesgo, corresponde al incumplimiento
frente a lo acordado. Este
elemento alimenta la desconfianza de las
comunidades respecto a las propuestas del
gobierno local, regional y nacional, en tanto
existen contradicciones de lo que se dice
y hace. Un claro ejemplo de ello ha sido durante
el segundo semestre la implementación
del acuerdo de sustitución de cultivos
de uso ilícito y las acciones de erradicación
forzada y violenta desarrollada en los
municipios de Vista Hermosa, Macarena,
Puerto Rico en el Meta y Calamar, Guaviare,
que resultaron en la confrontación de las
comunidades y la institucionalidad.
Algunas dificultades identificadas en
las organizaciones sociales y populares es
la fractura y falta de proyección política
para crear agendas comunes, que resultan
en un debilitamiento de las posibilidades
de incidencia política local y disminuyen
la visibilización social tendiente a la construcción
de un movimiento social capaz
de demandar y presionar para la garantía
de derechos fundamentales. Esta situación
particularmente, en el ámbito de las orga-
nizaciones indígenas y campesinas, es causada
primordialmente por la persistencia
de conflictos territoriales y disputas comunitarias
e interculturales.
Así mismo, ad portas de los procesos
pre electorales, de campaña y definición
de la decisión ciudadana en las urnas, se
evidencia con preocupación las relaciones
culturalmente aceptadas y desarrolladas
entre funcionarios públicos y habitantes de
los municipios, al estar mediados principalmente
por el clientelismo, como lógica
de negociación de las necesidades de las comunidades
y sus territorios; el asistencialismo
con el que se profundiza la relación
beneficiario-programa social, que no solo
limita sino disminuye el poder creador de
la colectividad, instrumentaliza el principio
de participación en un escenario democrático
y nuevamente silencia las demandas
sociales, económicas, políticas, culturales y
ambientales desde lo territorial.
Frente a las relaciones del poder político
y económico, se hace evidente en el
corredor Meta -Guaviare que en la cultura
“del terrateniente y los latifundios” se encuentra
una estructura a través del sostenimiento
histórico de familias y partidos
tradicionales en cargos como Senado, Cá-
mara, Gobernación y Alcaldías; profundizando
los altos niveles de clientelismo y
burocracia para acceder a cargos públicos,
ubicación de relevos generacionales para
puestos políticos y tener acceso a servicios
que aseguran bienestar económico y un
mejoramiento de la calidad de vida colectiva
(mejoramiento de vías, inversión en sectores,
licitación de proyectos, entre otros).
Adicional a ello, se identifican los riesgos
asociados al crecimiento y rearme de
grupos armados ilegales, bandas criminales,
pandillas en los cascos urbanos, grupos
armados de protección a narcotraficantes
con prácticas paramilitares como las amenazas,
extorsión, asesinato selectivo, la reorganización
de disidencias de las FARC
y paramilitares como los Gaitanistas, que
procuran la expropiación y despojo de tierras,
fortalecen sus filas con el reclutamiento
de jóvenes.

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones
de cara a las elecciones para la sociedad
en general y el Estado en particular,
podrían ser:

a. Buscar alternativas para asegurar la
seguridad individual y colectiva de lí-
deres y miembros de organizaciones
de base, defensores de Derechos Humanos
y la comunidad en general, que
permita una participación política en
todo el ciclo de la contienda electoral;
impulsando apuestas como la Guardia
Campesina, Indígena y Cimarrona, que
ejemplifican formas de realizar negociación
de conflictos sin que se requiera
empuñar un arma para el cuidado
del territorio.

b. Garantizar la participación política y el
control o veeduría social de los procesos
electorales, lo que implica generar
espacios institucionales de información
clara y veraz para la población sobre las
apuestas territoriales, ampliar los puestos
de votación en zonas rurales alejadas
por parte de la Registraduría municipal,
y desarrollar múltiples campañas regionales
que inviten a ejercer el derecho al
voto, en el que se incorpore como principios
fundamentales la honestidad en
la vida cotidiana, comunitaria y política,
la reducción de clientelismo y el control
de la corrupción.

c. Fortalecer y acompañar los procesos
se observación de realidad, en donde
se permita reconocer los problemas y
necesidades territoriales, así como las
oportunidades, intereses y alternativas
para hacer de estos lugares escenarios
de paz; en programas nacionales derivados
de los Acuerdos como los PNIS,
PDET, entre otros, y su articulación
con los planes de gobierno municipal,
que permiten dar viabilidad real a dichas
apuestas.

d. Para las organizaciones sociales, se invita
a entender que son tiempos de acumular
esfuerzos y fortalecer redes, que
puedan ampliar la incidencia social y
política de líderes, la academia, expertos
y demás personas comprometidas
con mejorar la realidad social del país.
Para ello se plantea como alternativa la
conformación de semilleros y/u observatorios
de profesionales, organizaciones
y líderes capaces de reconocer en el
momento histórico la oportunidad de
cambiar el país, ampliar la gama de posibilidades,
entre otros.

e. Así mismo, la construcción de redes
para el trabajo territorial y el logro de
incidencias en instancias locales, regionales
y nacionales, para que todos
los esfuerzos de documentación, memoria,
proyectos de acción y demás,
permita ser una herramienta de trabajo
articulado y escalonado en su incidencia
política y social; para que se vea el
suroriente colombiano como una región
con potencial humano y no solamente
económico.