Así lo denunció el representante a la cámara David Racero, quien radicó ante la Secretaría de la Cámara una carta pública a la Comisión Accidental que define la lista de 10 elegibles que se presentará al congreso para escoger contralor general de la república 2018-2022.

Según Racero, en la misiva expresa expresa su inconformismo sobre el oscuro capítulo de la historia política de Colombia, en el que la designación de funcionarios que hacen parte del sistema de contrapesos del poder público, termina siendo un acto para el favorecimiento de intereses particulares de unos pocos políticos y empresarios, en detrimento del apoyo de la gestión pública y de los intereses de los colombianos y que el contralor en níngún momento debe convertirse en un funcionario de bolsillo de quienes lo eligieron

David Racero enfatizó que el espíritu de la Ley 1904 de 2018 busca que quien en los próximos 4 años tenga la obligación de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, sea la persona más idónea y desarrolle su función conforme a su mandato constitucional, y no conforme a los intereses de los Congresistas y políticos que están detrás de su elección.

Racero instó a la coalición de gobierno a renunciar a hacer de este proceso una prebenda más para sus amigos y aliados políticos.

Esta comisión tiene la obligación legal y moral de evitar a toda costa la legitimación de un proceso que intente engañar a la ciudadanía, haciéndole creer que el mismo responde a cuestiones meritocráticas, cuando en realidad las designaciones ya habrían sido pactadas y acordadas como parte de la negociación del Estado a la que se han acostumbrado los mismos de siempre.