–El Juzgado 52 Penal de Bogotá prorrogó por un año la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, al exsecretario de Movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez Zambrano, dentro del proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en la prórroga injustificada y la modificación del objeto del contrato de concesión suscrito con el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), en la administración de Gustavo Petro.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se prolongó la detención carcelaria de Rodíguez Zambrano «por la calidad y gravedad de los delitos».Las audiencias de juicio oral se iniciarán el próximo 4 de octubre.

En consecuencia, el exfuncionario del Distrito debe permanecer privado de la libertad, porque aún existe la probabilidad de no comparecer a las citaciones que imparta la administración de justicia y la posibilidad de obstrucción al debido proceso, indicó el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de este tribunal cobija además, a su ex asesor jurídico Alexánder Rincón, quien también fue judicializado por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, tras los hechos ocurridos entre diciembre de 2013 y junio de 2014.

Según la investigación, estarían involucrados en la adición, sin justa causa, y a pesar de estar expresamente prohibido, del contrato de concesión No. 071 de 2007, con un costo estimado de $20.000’470.397 y otro adicional de $8.499’549.277, trabajos civiles que no se ejecutaron.

Por su parte, Rodríguez Zambrano permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 26 de agosto de 2017.

Las audiencias preparatorias de juicio están programadas a partir del próximo 4 de octubre en la sede del Complejo Judicial de Paloquemao.

En octubre de 2014 la fiscalía imputó los delitos de peculado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales al exsecretario de Movilidad de Bogotá Rafael Rodríguez Zambrano, al subsecretario William Quintero Duque y al asesor de esa entidad Alexánder Rincón, por presuntas irregularidades en la prórroga del contrato de concesión del sistema integrado de movilidad de la capital del país.

El entonces Fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo, manifestó que esa prórroga se habría realizado “sin haberse respetado los principios de contratación administrativa”.

Asimismo, la fiscalía involucró en el caso al director del Fondo de Vigilancia y Seguridad Vial, César Augusto Manrique; al subdirector técnico, Amado Abril, y al contratista Carlos Andrés Vaca Jiménez, por la presunta comisión de los delitos de celebración indebida de contratos.