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Defensoría demanda al gobierno regular comercialización de los «cigarrillos electrónicos»

Foto U.N.
–Bajo la premisa de que el control del tabaco en Colombia debe ser un asunto de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo advirtió al gobierno nacional los vacíos en las normas que regulan el comercio y consumo de productos derivados del tabaco, entre ellos los llamados «cigarrillos electrónicos».

En la presentación del ‘Informe de seguimiento al cumplimiento del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el Control del tabaco en Colombia’, la Defensoría estableció que a pesar de la expedición de la Ley 1335 de 2009, existen vacíos en las normas para controlar la cadena de mercado de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina.

Además advierte que en Colombia no se ha avanzado en lo concerniente a los avisos que deben ir en el etiquetado y empaquetado de los cigarrillos, así como en la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio.

Al respecto, en primer lugar, la Defensoría pide que se aprueben las iniciativas legislativas que buscan ampliar las advertencias de salud en los empaques de productos de tabaco para que ocupen un 80% del mismo.

Adicionalmente solicita una decisión del Consejo de Estado para prohibir la exhibición de esos productos en puntos de venta.

El organismo de control humanitario considera de gran importancia que el Estado colombiano adopte las leyes necesarias para aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco y sus derivados.

La Defensoría advierte que Colombia es uno de los países latinoamericanos con la tasa más baja de impuestos a estos productos, a pesar de que ha sido demostrado empíricamente que es la medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco y mejorar sustancialmente la salud pública en las ciudades.

Por último, la entidad resalta la implementación normativa del Convenio Marco lograda por el Estado colombiano, pero advierte que no hay una política pública de control de tabaco eficiente.

Por el contrario, afirma, “existe una sobrecarga de funciones en cabeza del Ministerio de Salud que deberían ser ejecutadas de manera articulada con otras entidades”.

Afirma que por ello, para luchar contra el contrabando, debería existir una articulación entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la DIAN y, en general, un sistema de información común cuando se tomen decisiones referentes al control del tabaco.