
“Es increíble que se esté tratando por parte de la Administración de eliminar un organismo como el Consejo de Justicia que imparte justicia policiva de manera imparcial, neutral y autónoma y se cambie esta propuesta por un organismo que dependa netamente del Secretario de Gobierno, que lo integren funcionarios que van a estar calificados por sus superiores lo cual indica que van a supeditar sus decisiones a situaciones externas diferentes a lo que es un proceso. Estamos retrocediendo a nivel jurídico así como en garantías y derechos para los ciudadanos”, expresó la concejal.
De este organismo advierte la cabildante que blindó a la justicia policiva porque generó una garantía de prevención del daño antijurídico. Desde el año 2004 hasta la fecha se han proferido aproximadamente 33.000 fallos de los cuales solo 27 habían sido objeto de demandas y cinco habían sido revocados por el contencioso administrativo.
Se observa la gran gestión adelantada teniendo en cuenta que desde 2009 habían ingresado al Consejo de Justicia 18.600 expedientes para su trámite y hasta la fecha se han evacuado 17.900 procesos de tal manera que se desconoció la gestión y aporte institucional para la ciudad y la garantía de derechos para los ciudadanos.
Para Xinia Navarro el futuro de la justicia policiva en Bogotá estaría en serio riesgo de colapso en vista de que en esa transformación a las nuevas autoridades especiales, no hay certezas sobre su funcionamiento sin embargo se afirma que entrarían a operar desde el 1 de enero de 2019 pero hoy no tiene siquiera un presupuesto definido.
“No puedo creer que se afirme que el Consejo de Justicia no trabaja lo suficiente cuando el problema de la sobrecarga que hay en derecho policivo está en las alcaldías locales y las inspecciones. Se necesita una reforma a la justicia policiva en Bogotá pero acabando un organismo colegiado no es como se va a solucionar el problema porque mientras se hace la transición, Bogotá va a entrar en un colapso sin precedentes a nivel jurídico”, puntualizó la concejal.
Ahora procesos como un lanzamiento por ocupación de hecho, una querella por perturbación a la posesión, una humedad que hay de un edificio a otro, es decir conflictos de carácter policivo, estarían bloqueados al aprobarse este Proyecto. “El Consejo de Justicia era la última instancia después del fallo de los alcaldes locales, y fallaba en derecho con neutralidad e imparcialidad”, aseguró la cabildante.
La concejal Navarro considera que con la aprobación de esta iniciativa se desconoce la importancia del derecho policivo y se desvirtúa un referente de la justicia policiva en Colombia cuyas disposiciones han servido en la generación de jurisprudencia porque a pesar de no ser una alta corte, es un organismo de cierre y sus fallos tienen connotación judicial.