— «No volveremos a las armas, estamos profundamente convencidos de que hoy existen formas de lucha superiores, vamos a demostrarlo», afirmó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el máximo cabecilla de las exFarc en el marco de la celebración del segundo aniversario de la firma del Acuerdo del fin del Conflicto. «Confiamos en que la cordura y la racionalidad terminarán por imponerse», puntualizó.

El jefe del partido Farc reiteró que el Acuerdo de La Habana se halla más que blindado ante las normas del derecho interno y «no puede ser modificado ni alterado a capricho de legisladores, gobernantes o intérpretes».

«Tampoco puede modificarlo a su capricho de manera unilateral. Nuestro partido, de manera pacífica, invocando la autoridad que le confiere el riguroso cumplimiento de lo pactado, reitera nuevamente su posición, el Estado colombiano está obligado a honrar su palabra», precisó Timochenko.

Advirtió que «no en uno o dos aspectos de lo firmado, sino absolutamente en todo». Empero subrayó que «mal haríamos nosotros en afirmar que nada se ha cumplido».

De hecho, dijo que si estaban aquí en la celebración del segundo aniversario de la firma del Acuerdo Definitivo, «es porque gozamos de garantías suficientes para hacerlo. Fuimos amnistiados, se levantaron las órdenes de captura que teníamos en contra, pudimos celebrar nuestro congreso fundacional como partido político, tomamos parte en la campaña política al Congreso, contamos con senadores y representantes».

Timochenko hizo además las siguientes precisiones:

Son múltiples y de diversa naturaleza los puntos pactados que se han ido implementando con el tiempo. Pero tanto el país como la comunidad internacional son testigos de las dificultades que hemos encontrado a todo momento. Poco nos ha sido reconocido de manera espontánea, hemos tenido que reclamar y luchar por casi todo. De hecho tenemos aún casi cuatro centenares de los nuestros retenidos en las cárceles, librando muchos de ellos huelgas de hambre, en exigencia de una libertad que se ordenó en leyes y decretos, pero de la que no se han beneficiado.

Partidos enteros y personajes de la vida nacional se han empeñado en atravesarse de uno u otro modo para impedir el desenvolvimiento normal de lo acordado. Celadas y embestidas frontales se han repetido durante el paso de los acuerdos por el legislativo. Las interpretaciones de la Corte Constitucional excedieron más de una vez los contenidos acordados. El Fiscal General, seriamente cuestionado por la nación, no dilapida ocasión para ensañarse contra el Acuerdo, e incluso contra nuestra buena fe, en exhibición pública de rencor e intolerancia.

Por eso nuestro camarada Jesús Santrich permanece detenido y amenazado con su extradición, pese a la flaqueza de la acusación que se le hace. Por eso la desconfianza que apareció en muchos otros. Al fin y al cabo la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo judicial pactado en La Habana y al cual nos comprometimos a comparecer, viene siendo víctima de virulentos ataques, que buscan deslegitimarla y deformarla, en aras de garantizar la impunidad para ciertos personajes, al tiempo que se pretenden condenas ejemplares contra nosotros.

En un desmedido esfuerzo de síntesis, podríamos intentar recordar los puntos firmados en el Acuerdo Definitivo, para hacer una ligera comparación con la realidad que vivimos a dos años de su suscripción. De los tres componentes del punto uno, Reforma Rural Integral, vistos uno a uno, es muy poco lo realmente implementado. Sobre acceso y uso de la tierra, cabe preguntar por el Fondo de tierras, los subsidios y créditos a campesinos para acceder a ellas, por el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, por el catastro multipropósito o la jurisdicción agraria.

Poco se conoce de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, mientras que de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral falta todo por implementar. La infraestructura de vías, la electrificación rural, la conectividad, el desarrollo rural en salud, educación y construcción o mejoramiento de vivienda. Los estímulos a la economía campesina, la asistencia técnica, los subsidios y créditos, la protección social, la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Las garantías previstas para la oposición política son pocas. A duras penas se aprobó el estatuto para la Oposición, mientras son débiles los componentes del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. El elevadísimo número de líderes y lideresas sociales asesinados, y el de los exguerrilleros ultimados violentamente, son el mejor argumento para describir la situación del punto de Garantías de Seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.

No creemos que pueda hablarse de un cambio en materia de garantías para la movilización y la protesta. Las recientes actuaciones del ESMAD lo ponen de presente. Igual puede decirse de las Garantías para la Reconciliación y la Convivencia. Los estigmas contra nosotros como nuevo partido político y contra otras fuerzas opositoras siguen siendo la conducta de importantes sectores políticos. ¿Qué tal si mencionamos la reforma del régimen y la organización electoral o las circunscripciones transitorias especiales de paz previstas en el punto de participación política?

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el tratamiento diferencial a pequeños cultivadores, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, el Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales Naturales, la política de salud frente al consumo y los distintos puntos acordados como solución al problema del narcotráfico, son despreciados frente a las fumigaciones y la erradicación forzada que pregonan las autoridades hoy.

En cuanto al Acuerdo sobre víctimas, quizás el componente más desarrollado, pese a sus enormes falencias, es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Sobre este último aspecto cabe recordar que se sostuvo siempre que las Garantías de No Repetición serán resultado de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general del cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo Final.

Del mismo modo no vemos que se haya desarrollado el compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. De allí que sostengamos que la deuda del Estado colombiano con el movimiento popular de oposición, con las organizaciones sociales, con los defensores y defensoras de derechos humanos, con las víctimas, con los campesinos, indígenas y comunidades negras, al igual que con los ex guerrilleros y ex guerrilleras sigue siendo muy alta.

Frente a estas situaciones nuestra actitud no es negativa. Somos revolucionarios, comprendemos la naturaleza de la lucha de clases y de los intereses que se cruzan a la hora de dar solución a los clamores más sentidos del pueblo colombiano. No es de ahora que las clases dominantes faltan a su palabra. Bastantes ejemplos nos brinda la historia. Sabemos que frente a eso la única y mejor alternativa es la lucha de los de abajo, su protesta, su movilización, su decisión de hacer cumplir lo acordado. A los comuneros perseguidos de Galán, siguió el triunfante Ejército de Bolívar.

Los anhelos populares no se detienen, no se aplastan. Estamos convencidos de que el pueblo colombiano, con el respaldo de la comunidad internacional que tantos esfuerzos dedicó a la concreción de este Acuerdo de Paz, logrará que lo pactado termine cumpliéndose al pie de la letra. La sangre, la violencia, la guerra, la persecución y el odio tienen que quedar definitivamente en el pasado de Colombia. Tenemos derecho a la paz, no podrán arrebatárnosla.

Al fin y al cabo ella es la condición básica para cualquier modelo económico y político. Nuestro partido no va a echar pie atrás, no dejará de trabajar por la difusión, el conocimiento, la apropiación del Acuerdo por las grandes mayorías, por su implementación cabal. Estamos seguros de que es el mejor camino para nuestra nación.

Confiamos en que la cordura y la racionalidad terminarán por imponerse. No volveremos a las armas, estamos profundamente convencidos de que hoy existen formas de lucha superiores, vamos a demostrarlo. Nunca renunciaremos a nuestros sueños y objetivos de una nueva Colombia soberana, justa, democrática, en desarrollo y en paz. Sentimos que crece el clamor por ella, nos unimos a él. Y llamamos a alcanzarla a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.