Preparan audiencia de acusación contra el general Humberto Guatibonza por interceptaciones ilegales
Contra el general Guatibonza, la Fiscalía radicó escrito de acusación a mediados de diciembre pasado, diligencia en la que también tendrá que comparecer los asesores Carlos Arenas y Julián Villarraga, a quienes se les sindica de conseguir clientes para desarrollar la actividad ilegal.
Guatibonza, Arenas y Villarraga les fueron indilgados cargos por concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.
El caso tiene que ver con la obtención ilegal de información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.
La fiscalía estableció que para el efecto tenían como fachada dos empresas en Cali, mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), desde la cual se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.
En Bogotá funciona la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño.
El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.
El oficial, que no aceptó los cargos se encuentra cobijado con detención domiciliaria.
Pero en septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación interpuso un recurso de apelación contra la decisión del juez noveno de garantías de Bogotá de otorgarle el beneficio de casa por cárcel al general retirado.
La apelación cobija a Carlos Arenas y Julián Villarraga, procesados también por presuntamente estar implicados en una red de interceptaciones ilegales.
Al interponer el recurso, la fiscalía reiteró su solicitud medida de aseguramiento en centro carcelario contra los 3 investigados por considerar que sí constituyen un peligro para la sociedad y además podrían influenciar a su favor el proceso.
El hecho es que el juez calificó de “excesiva” la solicitud de la medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía General y en su defecto consideró que la detención domiciliaria era “la que predominantemente permitiría proteger esos bienes jurídicos tutelados en cabeza de la comunidad”.
Además advirtió que los tres presuntos implicados no utilizaron un software malicioso, que sí manejaron otros involucrados en la red entre ellos la hacker María Alicia Pinzón Montenegro y los coronel retirados del Ejército Jorge Humberto Salinas y el mayor Carlos Quiriga.
No obstante, los oficiales retirados Salinas y Quiroga si se encuentran restringidos de su libertad en establecimiento de reclusión.
