Así lo confirmó este lunes el procurador General, Fernando Carrillo, anunciando que se abrirá una investigación disciplinaria contra los miembros de la junta directiva de Empresas Publicas de Medellín (EPM) y otros funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por el caso Hidroituango.

Para Carrillo, el cierre de las compuertas originó una emergencia ambiental en cuatro departamentos: “más de 20 municipios, mas de 120 mil personas afectadas en sus derechos sociales, económico y ambientales”.

Y dijo que son más de 20 mil las familias de pescadores perjudicados con la reducción del caudal del río Cauca.

Reiteró Carrillo que el Gobierno debe declarar una emergencia ambiental y medidas: “como la recuperación y restitución de derechos económicos sociales y ambientales mediante medidas extraordinarias”.

El procurador sostuvo que: “Hay muchas dudas respecto de la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos. Creemos que se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos y para donde vamos y si realmente la empresa ha sido capaz de mantener el control absoluto de la obra”.