–Una rigurosa vigilancia anunció este viernes el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a los procesos de restablecimiento de derechos de las niñas y niños rescatados en las últimas horas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Bogotá, en la localidad de Santafé, donde venían siendo víctimas la explotación sexual por bandas criminales de proxenetas.

El jefe del organismo de control indicó igualmente que hará seguimiento a los procesos penales contra explotadores sexuales y casos de extinción de dominio sobre los inmuebles en los que se identificó esta grave vulneración de derechos.

Carrillo Florez pidió a las autoridades identificar y judicializar las redes criminales que explotan y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes colombianos y migrantes venezolanos.

Precisó que procuradores judiciales de familia harán seguimiento sobre los procesos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas rescatados, para que se les brinde atención integral en salud física, psicosocial y garantías de no repetición que estén dirigidas a la reconstrucción real de sus proyectos de vida.

Aseguró el Procurador que la prevención, atención y sanción de las violencias sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad en la agenda de todas las instituciones públicas.

“Como órgano de control debemos velar por la visibilización de estas violencias, el incentivo para denunciar y no callar debe ser la sanción efectiva a los explotadores así como la protección a las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la justicia; recordando que como Estado estamos en la obligación de velar porque ninguna persona sea víctima de explotación sexual, puesto que es este un delito que vulnera la dignidad y los derechos humanos”.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial para que también se persiga a quienes pagan u ofrecen dinero por abusar sexualmente de niños, niñas o adolescentes, y se les judicialice por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, según lo tipifica el artículo 217 A del Código Penal Colombiano.

La Procuraduría seguirá visibilizando esta problemática en todo el país y comprometiendo a las instituciones públicas, empresas privadas, academia, medios de comunicación y ciudadanía a luchar por la eliminación de estas formas de violencias. El próximo 15 de mayo realizará en Pereira la quinta audiencia pública de lucha contra la explotación sexual, trata de personas y demás formas de violencias sexuales.