Este martes el Senado de la República aprobó en último debate el acto legislativo que establece que tanto el narcotráfico como el secuestro no podrán ser considerados como conexos al delito político, en futuros procesos de paz.

Además este martes y durante la discusión de esta iniciativa, parlamentarios decidieron excluir los delitos sexuales contra menores, ya que esa medida viene en otra reforma que se está tramitando en el Congreso.

El senador Santiago Valencia, señaló que: “Esto acaba el mal ejemplo para que en el futuro personas que hoy están alzadas en armas, que están atentando contra el Estado de Derecho y atentando contra la vida, honra y bienes de los colombiano, sigan utilizando el narcotráfico como un método para financiarse y el secuestro como un método inhumano para ejercer presión en la guerra”.

Así las cosas, el proyecto pasa a sanción presidencial luego de haber surtido el trámite de ocho debates que se exigen para los actos legislativos. La disposición, aclaró el senador Santiago Valencia, ponente de la iniciativa, solo podrá ser aplicada en sucesivos procesos de paz, pues solo se hará efectiva expresamente para conductas que tengan lugar después de su entrada en vigencia.

Cabe anotar que la reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las Farc en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final.

Según el senador Valencia, son dos los objetivos principales del proyecto de ley: mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro, las conductas relacionadas con narcotráfico y los delitos sexuales contra menores; y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de niños, niñas y adolescentes frente a agresiones sexuales.

En la Plenaria en la que se aprobó esta reforma constitucional estuvo presente, en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios.

El proyecto ha sido abordado desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, siendo ambas de crucial importancia para entender no solo su conveniencia, sino principalmente, su necesidad. En cuanto a lo jurídico, se trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y sus consecuencias (amnistías e indultos).