Fiscalía pide condena para el empresario Andrés Jaramillo por carrusel de la contratación
En desarrollo del largo proceso, la Fiscalía General de la Nación acuso al contratista Jaramillo López como presunto autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Según el organismo investigador, Jaramillo López fue el beneficiario de dineros públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio, en la suma de $205.386’021.951. Además, se favoreció directamente por el IDU y vía Laudo Arbitral, en cuantía de $34.188’943.201, más los 28.081’044.349, que no fueron amortizados por el cesionario, para un monto total de 269.000 millones de pesos.
El fiscal acusador estableció que el empresario “acordó y obtuvo comisiones ilícitas, por la adjudicación, adición y cesión de los contratos públicos considerados como estratégicos, tras la alianza con funcionarios del IDU, y con contratistas particulares favorecidos, como los miembros del Grupo Nule y Andrés Jaramillo López”.
Agregó que la adjudicación de los contratos se hizo sin el visto bueno de la interventoría externa contratada por el IDU y lo previsto en el Manual de Interventoría de la misma entidad, para lo cual fue dada una comisión del seis por ciento del valor de la adición, a los funcionarios con la intermediación de concejales y otros servidores públicos.
Estos son los contratos:
-En el contrato IDU No. 138 del 26 de diciembre de 2007, del Grupo cinco (5) de la Fase III de Transmilenio, se hallaron irregularidades en la adjudicación, así como en el trámite y celebración de la adición No.1 de junio 25 de 2009, realizada a dicho contrato.
-En el contrato IDU No. 137 de 2007 del Grupo cuatro (4) de la Fase III de Transmilenio, hubo irregularidades en la formalización de la cesión del contrato. Implican la forma cómo llegó a ser cesionario la Promesa de Constitución de Sociedad Futura Vías de Bogotá SAS y las modificaciones introducidas por el IDU en su favor a través de los otrosíes que cambiaron el objeto del contrato.
“Permitió la apropiación injusta de dineros desde la no amortización del anticipo pendiente del anterior contratista cedente, el cambio de precios, la exclusión de obras, la inclusión para su pago de factores de contingencia, todo esto arrojó la obtención de valores adicionales injustificados en su favor dentro de la obra contratada”, sostuvo el delegado de la fiscalía en el proceso penal.
De otro lado, afirmó, por la adición No. 1 del contrato 138 de 2007, ocurrió el ofrecimiento de promesa remuneratoria y entrega de dinero a servidores públicos como Néstor Iván Moreno Rojas, el exalcalde Samuel Moreno Rojas y la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona.
Su comportamiento lesionó el bien jurídico de la administración pública, al vulnerar junto con funcionarios públicos, los principios de transparencia, selección objetiva, e imparcialidad, sin que tuviera justa causa para ello.
