El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, rechazan las amenazas contra líderes y defensores de DD.HH., organizaciones sociales, senadores de la Comisión de Paz del Congreso y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, proferidas a través de un panfleto firmado por uno de los llamados grupos armados organizados (GAO).

Como Ministerio Público condenamos este tipo de acciones dirigidas a ensombrecer el camino hacia la paz, reiteramos nuestro respaldo a la acción legítima y legal de los líderes, senadores y funcionarios que trabajan por la búsqueda de la verdad; y hacemos un llamado especial a respetar, proteger y apoyar la acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene bajo su responsabilidad una acción trascendental para el futuro del país, y es la búsqueda de la justicia para quienes intervinieron en el conflicto armado interno, pieza clave de un futuro justo y en paz.

Conminamos a las autoridades a adoptar de manera urgente las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas y organizaciones amenazadas, y alentaremos los esfuerzos que se requieran para que la justicia avance prontamente en las investigaciones, que deben dar con los responsables de esta grave intimidación, sobre quienes tiene que caer el peso de la ley.

Realizaremos un especial seguimiento a las acciones que sean tomadas por el gobierno nacional, e impulsaremos las medidas necesarias para garantizar el trabajo y las actividades de los líderes, senadores y funcionarios.

Al respecto, en su último informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General de la ONU plantea que “la implementación urgente de garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales y las estructuras criminales, que suponen una grave amenaza para las comunidades y la implementación de la paz, son medidas clave para hacer frente a estos problemas.”

El documento advierte que el desafío de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto, a los líderes sociales y a los exmiembros de las Farc depende de que se establezca una presencia integral y efectiva del Estado.

Además, el Secretario General lamenta profundamente una vez más «que persista la atmósfera de polarización sobre algunos elementos del Acuerdo de Paz, pues señala que éste “ofrece a Colombia una oportunidad única de superar un legado de conflicto profundamente arraigado”.

Al efecto, hace referencia a la división frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y exhorta «a todas las partes a que velen por que cualquier reforma que se lleve a cabo respete los compromisos contraídos con quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de las disposiciones del Acuerdo de Paz, principio que el propio Consejo de Seguridad ha recalcado”.

El Secretario General reseña en seguida que acoge con beneplácito el reciente llamado del Presidente Duque en pro de un pacto nacional con todos los actores políticos, en el que recuerda su mensaje a favor de centrarse en lo que une a los colombianos y colombianas y no en lo que los divide”.

En el informe trimestral, en primera instancia, el Secretario General expresa su profunda preocupación que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión del organismo internacional haya verificado la muerte de 123 exintegrantes de las Farc, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio.