La decisión obedece a una acción popular en la que se pide proteger deforestación derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del medio ambiente, amenazados por la tala indiscriminada de árboles en zonas aledañas a la laguna y por la contaminación que dejan las actividades industriales y domésticas, así como la pesca ilimitada.
La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño. Esta autoridad judicial concedió el amparo solicitado y le ordenó a las entidades demandadas diseñar, construir y garantizar el mantenimiento de una red de alcantarillado en el corregimiento de El Encanto en un plazo de 12 meses, entre otras medidas.
Aunque el Consejo de Estado dejó sin efectos la orden para construir la red de alcantarillado por considerarla una opción inadecuada para esos territorios, ratificó las órdenes impartidas para que las autoridades regionales mitiguen el impacto ambiental del vertimiento de aguas residuales en la laguna y tomen medidas que prevengan el daño. También se le ordenó a Corponariño fortalecer el proyecto de implementación de tecnologías contra la deforestación y se dispuso incrementar las labores de inspección, control y vigilancia por parte de las entidades competentes en la zona.
El fallo tiene un componente pedagógico que involucra al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica, al Ministerio de Ambiente y a Corponariño en la realización de campañas que visibilicen el valor ambiental del lugar, las medidas que deben adoptarse para conservar el bosque y frenar la pesca indiscriminada de trucha y las sanciones administrativas y penales en las que puede incurrir quien desconozca ciertas normas de protección al medio ambiente.
Finalmente, esta acción popular obliga a la Secretaría de Educación a verificar que las instituciones educativas de Pasto, en especial las del corregimiento de El Encanto, contengan el Proyecto Ambiental Escolar en su currículo.
