–La Defensoría del Pueblo condenó en forma enérgica el ataque perpetrado por un grupo armado no identificado a un vehículo en el que se movilizaba una misión médica con una paciente que había sido remitida del hospital de Barbacoas al hospital de Tumaco, en el departamento de Nariño.

El hecho es que el vehículo particular en el que se transportaba la misión médica fue atacado con armas largas y el conductor perdió el control y el automotor se estrelló contra una casa ubicada a orilla de las carretera y estalló en llamas.

En el automotor viajaban cuatro personas: la paciente de 28 años, su compañero sentimental, un paramédico y el conductor.

Calcinados murieron la mujer y el conductor, mientras los otros dos ocupantes lograron salir vivos, pero con heridas de consideración.

La tragedia ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Llorente, pero se desconoce el grupo armado que perpetró el ataque.

El comando de la brigada militar en Nariño informó que una patrulla del Ejército Nacional que se hallaba en las cercanias, al escuchar la explosión, acudió al lugar y sostuvo un combate con los sujetos responsables, sin que fueran identificados.

No obstante, indicó que que en esa zona delinquen las disidencias del frente ‘Oliver Sinisterra’ de las Farc, por lo que no se descara que haya sido esta agrupación terrorista la que atacó la misión médica.

El Defensor del Pueblo Carlos Negret, se pronunció sobre el hecho en su cuenta en Twitter:

«Rechazamos el ataque a un vehículo que transportaba un enfermo desde Barbacoas a Tumaco en Nariño. El hecho, ocurrido en Llorente, dejó dos personas muertas. Pedimos a las autoridades correspondientes investigar lo sucedido», precisó y agregó:

«Los actores armados ilegales se encuentran asediando a la población civil en tiempos de emergencia sanitaria, desconociendo abiertamente el principio humanitario».

Igualmnente solicitó «especialmente a la Fuerza Pública mantener los operativos de control en el territorio nacional para detener el accionar e intimidación de los actores armados ilegales» y a las autoridades «atender a la población en riesgo (especialmente la identificada en las alertas tempranas de la Defensoria), con la oferta de prevención y atención en la emergencia sanitaria».