–Indagaciones preliminares inició la Procuraduría General de la Nación a funcionarios de la Gobernación del Tolima por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la compra de mercados, kits de aseo y difusión de información sobre la pandemia del covid-19, por más de 11.500 millones de pesos.

Adicionalmentre, el ministerio público abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Lannini, y el concejal de Ibagué, Brayan Alfonso Escandón Castellanos, por presunta violación del aislamiento preventivo obligatorio, al participar en una reunión social en época de cuarentena.

La Regional Tolima indaga a los funcionarios porque al parecer trasgredieron las disposiciones legales de aislamiento preventivo obligatorio dictadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del covid-19, así como las medidas tomadas por las autoridades de Ibagué y Tolima para conjurar la pandemia, entre ellas la restricción a las reuniones y a la movilidad de los ciudadanos, permitiéndose únicamente el desplazamiento en situaciones excepcionales.

En cuanto a los contratos, el órgano de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con los procesos contractuales No. 0493 del 26 de marzo de 2020 por $1.020 millones de pesos; No. 0494 del 26 de marzo del 2020 por $5.500 millones de pesos y el No. 0531 del 1 de abril de 2020 por $5.000 millones de pesos, que presuntamente tendrían relación con sobrecostos e irregularidades en los negocios jurídicos.

Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría está la petición hecha a la Secretaría de Hacienda del departamento de entregar información sobre el presupuesto invertido durante los meses de marzo y abril en la suscripción de contratos con ocasión de la emergencia por el covid-19, con los soportes y certificaciones correspondientes, con las que busca individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.

Así mismo, la Procuraduría inició proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Cesar Eugenio Franco Agudelo, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias presentadas al órgano de control, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.