Frente a esos hallazgos que envió la Contraloría General de la República, el Director General de la Policía Nacional, general Óscar Atehortua Duque, argumentó que ya había solicitado a este ente de control que se adelantara la respectiva investigación.

Atehortua señaló que había pedido una indagación con el fin de dar absoluta y total claridad a las actuaciones efectuadas en el marco del proyecto habitacional, contratado por el Fondo Rotatorio de la Policía en el Centro Nacional de Operaciones Policiales (CENOP) en el año 2012, y que hoy se conoce como hoy Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz.

El alto Oficial explicó que la Contraloría efectuó unas observaciones en materia de Planeación y gestiones posteriores que no corresponden al periodo en el que estuvo como director del Fondo Rotatorio de la Institución, pues se periodo fue entre el 3 de marzo de 2014 y el 27 de abril de 2016, desde donde declaró el incumplimiento parcial del contrato al que tuvo conocimiento y, por ende, haciendo exigible la cláusula penal pecuniaria por la suma de $469 millones de pesos a título de indemnización anticipada de perjuicios, y liquidando unilateralmente el contrato.

Y que producto de su gestión como Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, se obtuvo el fenecimiento de la cuenta fiscal. Así mismo, en su comunicado indica que la Contraloría Delegada Sector Defensa y Seguridad, evaluó la gestión fiscal de la administración sin que se hubiera determinado como responsable por el presunto daño fiscal al general Óscar Atehortua Duque.

Finalmente, reiteró que es respetuoso de las decisiones de los organismos de control, razón por la cual desde el inicio ha aportado y continuará aportando todos los elementos probatorios necesarios en la respectiva investigación que se adelante.

Como ya es de conocimiento, estos hallazgos también fueron trasladados a la Procuraduría General, que ya había llamado a juicio disciplinario a Atehortúa por presuntas irregularidades en el contrato en el que, cuando él era director del Fondo Rotatorio de la Policía, estableció que se habían recibido satisfactoriamente las viviendas a pesar que estas nunca se construyeron.

Frente a estas conductas, el Ministerio Público reprochó que supuestamente faltó a su deber de revisar la obra y velar por la buena calidad de lo que se contrató en su momento.