El general Luis Fernando Navarro, fue citado por la Fiscalía General de la Nación, como parte de la investigación penal por perfilamientos desde el Ejército Nacional a al menos 130 personas, entre funcionarios del Gobierno, periodistas, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición.

Esta citación judicial no quiere decir que haya una vinculación en calidad de indiciado, solo se busca que Navarro proporcione toda la información que conozca de los hechos que se investigan.

El ente acusador espera que Navarro proporcione detalles relacionados con los hechos denunciados por la Revista Semana acerca de ‘perfilamientos ilegales’.

Aún está pendiente la fecha y hora de la entrevista del general Navarro, la cual podría llevarse a cabo de manera virtual, atendiendo el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional derivado de la propagación del coronavirus COVID – 19.

Ya en días pasados, la Comisión de la Verdad pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que entregue los documentos relacionados con las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales realizados por la Inteligencia Militar a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y a funcionarios de la Presidencia del República.

«Dentro del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, la Comisión solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente», indicó en una carta pública el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux.

De Roux señaló en su misiva que «en diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han incurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces».

El sacerdote también cuestionó la eficacia del Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, que fue creado en diciembre de 2017, pero cuyos resultados aún no se conocen.

«Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública», dijo, y confió que tras una «investigación exhaustiva» se produzcan «cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable».
Por último, consideró que este tipo de hechos avergüenzan a Colombia ante el mundo y son «una amenaza contra los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional… al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto».

El pasado 1 de mayo, la revista Semana reveló una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y líderes sociales por parte de unidades del Ejército que realizaron dicha práctica entre febrero y diciembre de 2019.