-Y la Fiscalía capturó a dos jueces y a un fiscal involucrados en el mismo proceso.

–La situación judicial se le complicó al senador Eduardo Pulgar. Mientras la plenaria del Senado lo suspendió del cargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de sustituir la medida de aseguramiento en la Penitenciaría de La Picota por detención domiciliaria y la Fiscalía capturó a dos jueces y a un fiscal involucrados en el mismo proceso del congresista.

Pulgar había solicitado, a través de su defensa, la casa por cárcel para adelantar un tratamiento médico que necesita.

Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó esta posibilidad argumentando que el tratamiento se le puede administrar en el mismo centro carcelario, teniendo en cuenta el concepto que sobre el particular emitió el Instituto de Medicina Legal.

El parte del organismo forense afirma que la enfermedad que padece el senador Pulgar no es tan grave como para el tratamiento que requiere no sea manejado en el centro carcelario.

El senador Eduardo Pulgar se encuentra recluido en la cárcel de La Picota de Bogotá desde su captura el pasado 3 de diciembre en el Aeropuerto El Dorado, dentro de un proceso judicial por tráfico de influencias y soborno a un juez de la República.

La víspera, la plenaria del Senado aprobó la suspensión del congresista del partido de la U, teniendo en cuenta el proceso judicial en su contra por ofrecer a un juez del municipio de Usiacurí, Atlántico, «200 barras» para que supuestamente favoreciera con una decisión a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Coincidencialmente ayer, en el marco de este proceso judicial, fueron capturados por agentes del CTI dos jueces y un fiscal involucrados en el caso de esa universidad.

En la ciudad de Santa Marta, fueron aprehendido Rafael Uribe Henríquez, Juez 13 Penal Municipal de Barranquilla con función de garantías; Alberto Oyaga Machado, juez primero penal municipal, y Gustavo Orozco Pertúz, Fiscal 56 de la Unidad de Patrimonio Económico.

Las capturas fueron ordenadas por denuncias formuladas la familia Acosta Bendek, quienes manejan la Universidad Metropolitana de Barranquilla y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.