Fueron judicializados dos administrativos de una IPS que brinda atención a la comunidad Wayuu, por posible apropiación ilícita de recursos.

El dinero iba destinado para a atención médica, entrega de mercados y suministros de agua potable a las familia vulnerables en Manarue, La Guajira, con ocasión del fenómeno del Niño en el año 2015.

La Fiscalía General de la Nación, judicializó a Julio Cesar Castillo, gerente financiero de la Institución Prestadora de Salud (IPS) y a Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad, por presuntas irregularidades en contratación.

Los hechos que son materia de investigación se relacionan con el contrato suscrito en junio de 2015 con la alcaldía de Manaure, por un valor de 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses. Parte de los recursos provenían de regalías. El contrato tenía como objetivo principal la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.

La investigación demostró que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Además, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.

Por esta razón, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Los procesados no aceptaron los cargos.

Castillo, giró, endosó y cobró a sí mismo cheques por valor de 3.000 millones de pesos. La IPS subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto, Con resultados negativos como:
900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%. El agua potable no fue entregada en envases plásticos, sino a través de carro tanques.

De los 8.000 beneficiados definidos, sólo hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto. Aunque se había reportado la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58’000.000.

En los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos Wayuu.
Se facturaron los servicios de traductores de lengua wayuunaiki, cuando esta labor la realizaron conductores, vacunadoras o auxiliares de enfermería.

#ATENCIÓN | Judicializados 2 empleados administrativos de IPS dedicada a la atención de comunidad Wayuu, por presunta apropiación de recursos. Hechos se relacionan con contrato suscrito en junio de 2015 con Alcaldía de Manaure, #LaGuajira, cuyo valor ascendió a $8.000 millones. pic.twitter.com/2F33p95fv0

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 22, 2021