-Otros 20 alcaldes fueron cuestionados por incumplir la ley de cuotas.

–La Procuraduría General de la Nación solicitó a ocho alcaldes de los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Santander no continuar con el cobro de la tasa de sistematización asociada al Impuesto Departamental de Registro y el Registro de Industria y Comercio, por tratarse de un cobro no autorizado por la ley.

Se trata de los mandatarios de Pasto, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Bucaramanga y Barrancabermeja quienes deberán informar sobre los cobros no autorizados que se están aplicando a los contribuyentes y las acciones adelantadas para garantizar la gratuidad del trámite de inscripción, modificación o cancelación del mencionado registro.

El Ministerio Público también requirió a los mencionados entes territoriales información sobre la existencia de costos asociados a la digitalización, automatización y operación de estos registros y/o trámites y las razones que han impedido gestionar el proyecto de acuerdo municipal para excluir los cobros indebidos.

Por último, la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre la necesidad de dar cumplimiento a los decretos antitrámites y prescindir de los cuestionados recaudos con el fin de optimizar la oferta institucional, potenciar el desarrollo de la actividad empresarial y promover el acceso equitativo a nuevas oportunidades.

LEY DE CUOTAS

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación requirió a 20 alcaldes y 23 directores de entidades territoriales de Huila y Cauca informar las razones por las que no han cumplido con el porcentaje de mujeres nombradas en cargos de decisión establecido en la Ley de Cuotas.

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, solicitó la información luego de verificar que, según los registros del Departamento Administrativo de la Función Pública, no han nombrado al menos un 30 % de mujeres en cargos de dirección en cada una de esas entidades.

La petición fue realizada a los alcaldes de Acevedo, Altamira, Agrado, Garzón, Gigante, Palestina, Pital, Guadalupe, Suaza, La Plata, La Argentina, Nátaga, Tarqui, Tesalia, Timaná, Isnos, Saladoblanco, Oporapa y Elías, en el departamento del Huila, y Páez, en Cauca.

Igualmente, el requerimiento fue enviado a los directores de 10 hospitales y 13 entidades de servicios públicos.

“El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de 30 días en el ejercicio del cargo y con destitución de este en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente”, precisó la Procuraduría.