–Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que se respeten las disposiciones jurídicas y se dé prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de 320 soluciones de vivienda del Bajo Cauca Antioqueño, que reclaman por afectaciones posteriores a su entrega, pidió la Procuraduría General de la Nación al Consejo de Estado.

La Procuraduría Delegada de Intervención Primera ante el Consejo de Estado resaltó que hubo una vulneración o amenaza de los derechos colectivos alegados por un grupo de ciudadanos de los municipios de Nechí, Tarazá, Zaragoza, Caucasia y El Bagre, y que estos deben ser priorizados tanto para consumidores como para los usuarios, al igual que la defensa del patrimonio público.

El Ministerio Público señaló que como lo sostuvo la Corporación “la responsabilidad de los particulares contratistas no se agota ni limita al marco del vínculo negocial, sino que también le atañen las responsabilidades propias de la concreción del interés general a través de la debida ejecución de las políticas públicas, en general, y de vivienda digna en particular”.

La Procuraduría manifestó que la finalidad de la contratación estatal es la materialización de los fines del Estado y, especialmente, la satisfacción del interés general, por lo que resulta perentorio que los particulares se comprometan a cumplir con la ejecución pactada a cambio del pago de los servicios pactados.

Finalmente, el Ente de control conceptuó que “la no culminación de la construcción de las viviendas, por parte de los distintos actores contractuales conforme a sus obligaciones (ejecutores, interventores, gerentes integrales), no solo desconoce el interés general y los derechos colectivos, sino derechos fundamentales como a la vivienda digna”.