-Deberá exponer el plan de acción y la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales.

–La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, convocó al Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos ante la justicia transicional.

El comisionado Rueda, quien es el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), tendrá que presentar ante la JEP el plan de acción y la política pública que apunten al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país.

La decisión se toma luego de que el pasado 16 de enero venció un nuevo plazo otorgado para que el Alto Comisionado Rueda presentara dicho plan y la política pública, que reduzcan el impacto de la violencia y particularmente la muerte de excombatientes. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc-EP.

De igual manera, la Sección determinó la urgencia de tener esta política pública, para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022.

La Sección señala además que el desarrollo de la política pública que se le pidió al Gobierno se requiere de forma inmediata para alcanzar justicia y desestructurar las organizaciones. Además, esa política constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición.

A la audiencia también están citados:

-Un delegado de la Comisión Nacional de Garantías en calidad de experto reconocido en la materia, una invitada permanente por la plataforma de mujeres, un invitado de los grupos étnicos y un delegado por las plataformas de DDHH para que intervengan respecto de la política y el plan de acción.

-La Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, quien deberá remitir cinco (5) días antes de la audiencia y presentar en ella el informe de seguimiento sobre el funcionamiento de la CNGS, los lineamientos de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento.

-Dos delegados de cada una de las partes que integran el Comité de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación ( CSIVI), a participar en la audiencia presencial, quienes deberán remitir informe de seguimiento cinco (5) días antes de la audiencia en el marco del cumplimiento de sus funciones sobre el funcionamiento, la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

-Un vocero delegado por el Partido Comunes, para que intervenga en la audiencia sobre las temáticas señalas en los objetivos de la audiencia y la situación.

La audiencia de seguimiento y verificación tendrá lugar el próximo martes 28 de febrero entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en las instalaciones de la JEP en Bogotá.

Estas son algunas de las consideraciones de la JEP para convocar la audiencia:

El desarrollo de la política que se requiere de forma inmediata para alcanzar justicia y desestructurar las organizaciones, constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos de las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición, las cuales son el pegamento de la estructura para afianzar la confianza que deviene de los logros obtenidos en la realización de las garantías para la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales, ejes angulares del desarrollo de la política de “paz total” lo cual requiere de una política participativa, concertada y articulada como lo prevé el decreto ley 154 de 2017.

En el contexto anterior, también es cierto que, tanto el plan de acción como la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales cobran mayor relevancia y pertinencia en el marco de la Ley 2272 de 2022 y su determinación de: i) elevar la política de paz a política de Estado; ii) definirla como prioritaria y transversal, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia; y iii) de garantizar la seguridad humana con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total, toda vez que tales instrumentos aportarían el enfoque, la ruta, los mecanismos y las acciones puntuales para avanzar de manera legítima, coordinada y controlada en el nuevo contexto.

El proceso de desarrollo de la política pública orientada a que todos los actores armados dejen las armas, se resuelvan los conflictos estructurales y se construya la paz vía diálogo, requiere de una estrategia de coordinación y articulación permanente entre los órganos del gobierno nacional, de manera que sea posible incidir con mayor precisión en la articulación de los nodos de la funcionalidad y la actuación criminal organizada en los territorios donde se disputa el control territorial y estratégico de los recursos que acompañan la geopolítica de los territorios.

En el propósito de configurar los patrones de sistematicidad sobre los asesinatos y las amenazas de los exintegrantes de las FARC-EP, en el escrito presentado por la Unidad Especial de Investigación de la FGN y expuesto en la audiencia celebrada por la Sección el 21 de julio de 2021, se señaló que se han evidenciado una serie de patrones regionales en términos de elementos comunes territoriales y poblacionales que se encuentran vinculados con el accionar de las organizaciones criminales, atados al interés por el control territorial, el control del narcotráfico y la violencia contra quienes son considerados como obstáculos para su accionar delictivo, entre los cuales la vida de las personas de las antiguas FARC-EP que abandonaron las armas, continua en riesgo extraordinario.

Con relación a las ordenes impartidas al Comisionado de Paz en su condición de secretario técnico de la CNGS, y dadas las múltiples situaciones de incumplimiento que presenta el diseño y aprobación de la política pública de desmantelamiento, el plan de acción y en el funcionamiento permanente de la CNGS conforme al reglamento, es necesario realizar un seguimiento y evaluación a los compromisos que el Alto Comisionado que debe cumplir.

En consecuencia y en consideración a que el 16 de enero de 2023, venció el término nuevamente otorgado para que el secretario técnico de la CNGS, remitiera la política pública de desmantelamiento y el plan de acción debidamente aprobado por el Gobierno nacional, sin que haya cumplido las órdenes impartidas y reiteradas en los autos referidos, en consonancia con lo ordenado en el Auto SU 020 de 2022, expedido el 27 de enero por la Corte Constitucional, la Sección requerirá de manera perentoria al Alto Comisionado, para que a más tardar el 8 de febrero de 2023, remita a la SAR dichos instrumentos aprobados tanto por la CNGS como por el gobierno nacional en los términos indicados en el Auto SAR AI-012- 2022 y demás decisiones complementarias.

Asimismo, a fin de conocer la presentación del plan de acción que desarrollará y la política pública de desmantelamiento, convocará una audiencia pública de seguimiento a las órdenes impartidas en los Autos SAR AT-236-2022, SAR AI-013-2022 y lo relacionado con el Auto SAR AI-012-2022.

Objetivos de la audiencia: Conocer y garantizar que la política y el plan de acción aprobados, contribuyan efectivamente al desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, la prevención y protección en seguridad, la implementación de forma integral, sistemática, coordinada y articulada con los enfoques territorial, de género y étnico, así como a la terminación de otros conflictos, el desarrollo de las medidas de reparación y garantías de no repetición y la construcción de la paz.