–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este miércoles que llamó a versión al excomandante de las fuerzas militares, general retirado Leonardo Barrero Gordillo, por presuntos nexos con grupos paramilitares que operaron en el Urabá Antioqueño y en otras zonas del país.

La diligencia se realizará el próximo 27 de febrero.

Esta versión es convocada conjuntamente entre el Caso 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá, y el Caso 08, que trata los «Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado».

La versión del general (r) Leonardo Barrero Gordillo es la primera que convoca la Sala de Reconocimiento en el marco del Caso 08: ‘Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado’.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzan en el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición de personas durante el conflicto armado en las regiones de Urabá (Antioquia) y Bajo Atrato y Darién (Chocó).

Estas acciones se realizan dentro del caso 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá, y los planes regionales de búsqueda que la UBPD construye con víctimas y organizaciones en estos territorios.

Estas labores buscan focalizar la investigación y recolección de información sobre un universo inicial construido por la Unidad de Búsqueda de 7.281 personas desaparecidas, en 15 municipios de estas regiones, incluyendo los hallazgos judiciales de la JEP dentro del caso 04, que facilitarán las acciones humanitarias y extrajudiciales de la UBPD.

La información suministrada por la JEP a la Unidad de Búsqueda incluye una matriz con más de 365 hechos relacionados con desaparición forzada; grabaciones de audiencias de versiones y otras diligencias como el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’, así como la entrega por parte de las Farc-EP de un listado con 186 registros de personas desaparecidas en medio de las hostilidades en la región.

Con esta información, así como la recolectada por la JEP sobre los cementerios en los territorios priorizados en el caso 04, la Unidad de Búsqueda enriquecerá sus bases de datos del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) y el Universo de Personas dadas por Desaparecidas, que a la fecha ha identificado un histórico nacional de 99.235 reportes. Así mismo, avanzará en acciones humanitarias de localización, prospección, recuperación, identificación, reencuentros y entregas dignas de personas desaparecidas, que permitan contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

La JEP y la Unidad de Búsqueda construirán una hoja de ruta que permita coordinar los esfuerzos para la protección de lugares donde se encuentren cuerpos no identificados, el desarrollo de acciones humanitarias que garanticen la participación de las víctimas en la formulación por parte de los comparecientes ante la JEP de los Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador (TOAR) y propuestas de sanción propia relacionadas con estas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

El avance en el esclarecimiento de la verdad de los casos de personas desaparecidas en Urabá antioqueño, Bajo Atrato y Darién chocoanos hace parte de las experiencias exitosas de coordinación entre la JEP y la Unidad de Búsqueda, que ha permitido en el caso 04 coordinar desde los territorios las acciones de impulso para la búsqueda.

El Caso 08 incluye crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.

En noviembre del año pasado, ante las pruebas que señalarían que miembros de las Fuerzas Militares, de las Brigadas XI y XVII de la Primera División del Ejército Nacional, podrían haber conocido del reclutamiento e incorporación de miembros del EPL y las Farc a las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP compulsó copias para que 16 miembros de la fuerza pública sean vinculados a este proceso.

Los miembros del Ejército y la Policía Nacional contra los que se ordenó compulsar copias fueron: Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, comandante de la Brigada XI para 1996; Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín para 1996 y quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014; René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI para 1996; Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII para 1996 y 1997 y Eduardo León Figueroa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Bivel) entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.

Así mismo se compulsaron copias contra Jorge Luis Mejía, comandante de Inteligencia de la Brigada XVII entre 1996 y 1997; Manuel José Pérez, comandante del Bivel entre septiembre de 1996 y noviembre de 1997; Nemesio Tafur Cardoso, agente de control en 1995 y subjefe de inteligencia del Bivel entre agosto de 1995 y julio de 1996; Emiro José Barrios, jefe de la Sección de Operaciones del Bivel entre noviembre de 1995 y octubre de 1996 y Segundo comandante de dicho Batallón para la misma fecha y Javier Gutiérrez de la Hoz, comandante de Pelotón del Bivel en agosto de 1996.

La compulsa también incluye a Hander Miguel Jaramillo Urrego, miembro de pelotón del Bivel entre agosto de 1995 y agosto de 1996; Carlos Alberto Santos Forero, miembro de pelotón del Bivel entre febrero de 1995 y julio de 1997; Carlos Alberto Parra Trujillo, comandante del Batallón Contraguerrillas 35 “Coronel Jaime Díaz», entre mayo de 1996 y mayo 1998; Jorge Enrique Bohórquez Cubillos, comandante de Compañía del Batallón de Contraguerrillas 35 “Coronel Jaime Díaz», entre agosto y diciembre de 1995; Óscar Armando Valencia Barón, comandante de Policía de Apartadó en 1996 y Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, comandante de Policía del Departamento de Córdoba hasta agosto de 1996.

A través del auto AT 175, el magistrado Gustavo Salazar, relator del Caso 06, solicitó que las presuntas conductas criminales cometidas por antiguos miembros de las Brigadas XVII y XI, el Batallón de Contraguerillas No. 35 ‘Coronel Jaime Díaz’, el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ y el Batallón de Infantería No. 33 ‘Batalla de Junín’, así como los comandantes de policía de Apartadó y del departamento de Córdoba en 1996, fueran asumidas en el marco de la investigación del Caso 08.

La magistratura encontró elementos que indicarían que miembros del Estado Mayor de la Brigada XI y en específico del Batallón Junín habrían apoyado la posterior oficialización o revestimiento de legalidad de la desmovilización de frentes de la guerrilla del EPL, así como de miembros de los frentes 5º, 8º, 18, 34 y 58 de las Farc, que a pesar de ya encontrarse militando en las ACCU, fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación.

El hallazgo pormenorizado que se documentó en el Caso 06 se enmarca en las líneas de investigación que se definieron para el Caso 08: ataques contra la población civil bajo la justificación de políticas o discursos contrainsurgentes; los crímenes llevados a cabo con el objetivo de favorecer intereses económicos, en particular, relacionados con el territorio y los crímenes cometidos con el objetivo de establecer, mantener o recuperar el control de la fuerza pública.

La JEP encontró pruebas que señalan que las ceremonias de desmovilización que se llevaron a cabo en el segundo semestre de 1996, de miembros de las Farc – EP, particularmente el frente 5 y 58, además las de los frentes Pedro León Arboleda, Manuel Elkin González y Bernardo Franco del EPL, habrían sido el producto de negociaciones, pactos y acuerdos entre los comandantes de los frentes guerrilleros, tanto individualmente, como de manera colectiva, con las ACCU.

En el caso de la ceremonia de Cedro Cocido, por ejemplo, fueron formados y presentados como desertores 44 miembros del frente Pedro León Arboleda que ya se habían entregado a las ACCU el 30 de julio de 1996, entre ellos, Juan de Dios Úsuga, alias ‘Geovanny’. A pesar de haberse hecho esto público, fueron recibidos por parte del Gobierno, conforme el certificado 036 de la misma fecha expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA). El Despacho cuenta con un amplio registro fotográfico de ceremonias de entrega de armas en las que participaron altos mandos del Ejército Nacional.

En sus versiones ante la JEP, los comparecientes relataron que ya siendo en su mayoría orgánicos de las ACCU fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de guerrilleros desmovilizados y en proceso de reincorporación.

A raíz de la inclusión de los miembros de la guerrilla de las Farc y del EPL a las Autodefensas se produjo, en principio en la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, un fortalecimiento de los grupos paramilitares que aprovecharon su experiencia y formación militar, así como el conocimiento de la zona y de los miembros y milicianos de los grupos guerrilleros. Con ello, se desplegaron numerosas incursiones criminales, en varias de las cuales podrían haber contado con la participación de unidades del Ejército Nacional adscritas al Batallón Vélez y al Batallón de Contraguerrillas 35.

La evidencia indica que el proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso que a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas. De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga Y Elkin Casarrubia, por ejemplo, dan cuenta de la importante participación de los miembros desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos Orientales y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999.