–Las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad.

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana sobre esta peligrosa situación que tiene como epicentro al municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada por el tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas,.

La Defensoría denuncia que entre la población en especial situación de riesgo, están los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en el sector rural en inspecciones o resguardos de las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi, que viven en condición de desplazamiento forzado en asentamientos.

Añade que entre los grupos armados ilegales que tienen mayor influencia en el territorio de La Primavera, la Defensoría identifica al Eln a través del llamado frente José Daniel Pérez Carrero en confrontación con las facciones disidentes de las Farc por el control territorial desde Arauca y el Alto Apure.

Afirma que desde enero de 2022 se produjo un mayor reposicionamiento de este grupo guerrillero, ganando mayor injerencia en la zona fronteriza con Venezuela y, sobre todo, en las riberas de los ríos Meta y Orinoco. Después del reposicionamiento del Eln sobre la zona de Puerto Páez, que generó un desplazamiento transfronterizo masivo en enero de 2022, no se han registrado más enfrentamientos con las disidencias de las Farc. Se presume, subraya, que existen acuerdos tácitos para el mantenimiento de las rutas de economías ilegales que existen en el departamento.

Dice que entre tanto, la presencia de las disidencias de las Farc se realiza a través de la Comisión 16, alineada con la facción de la Nueva Marquetalia; también transitan la comisión Santiago Lozada (del frente primero Armando Ríos) y el frente 10 Martín Villa. Su actuar se concentra en las inspecciones Puerto Murillo, La Venturosa y Garcitas (Puerto Carreño). El frente 10 Martin Villa se asienta sobre varios puntos del estado venezolano de Apure haciendo sobrepasos hacia las inspecciones La Venturosa (Puerto Carreño) y Nueva Antioquia en La Primavera, con el fin de realizar cobros extorsivos, entre otras actividades ilícitas. También se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas controladas por este grupo armado ilegal en el lado venezolano, desde donde exportan cargamentos de drogas.

Por otra parte, la Defensoría establece que entre los grupos sucesores del paramilitarismo se identifican las autodefensas gaitanistas del clan del golfo (con notoria la presencia a lo largo de los municipios Santa Rosalía (Guacacias), La Primavera (Nueva Antioquia, Matiyure y Agua Verde) y Puerto Carreño (Puerto Murillo y La Venturosa), y los que se hacen llamar puntilleros libertadores del Vichada.

Tambien precisa que se han identificado bandas delincuenciales, presumiblemente subcontratadas por los grupos armados no estatales para llevar a cabo acciones violentas por encargo, con mayor impacto en los cascos urbanos de Puerto Carreño y La Primavera.

«A pesar de su limitada estructura y alcance de su organización criminal, la capacidad de amenaza sobre las poblaciones socialmente vulnerables resulta muy intimidante», advierte.

Señala que todos estos grupos armados que hacen presencia en Vichada, están involucrados directa e indirectamente en la actividad del narcotráfico; sin embargo, también se ha identificado que tanto el Eln como las disidencias de las Farc realizan control sobre la minería ilegal de oro y coltán en ambos lados de la frontera.

«Adicionalmente, todos se lucran del cobro de extorsiones en sectores rurales y urbanos, principalmente de los comerciantes y transportadores que realizan sus actividades a lo largo del río Meta”, puntualiza el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.