–El Gobierno de Venezuela rechazó la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que se autoriza al fiscal general, Karim Khan, a reanudar la investigación por el caso ‘Venezuela I’, en el que se sindica a las autoridades del país suramericano de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado difundido en Twitter por el canciller Yván Gil, Caracas reiteró que el proceso, que inició en 2018, tiene la «intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de los EE.UU.».

De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, la acusación parte de «la manipulación deliberada de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por el sistema de justicia» local.

Igualmente, el Gobierno venezolano anunció que recurrirá el fallo ante la Sala de Apelaciones de la CPI y advirtió que continuará «haciendo uso de todas las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para garantizar sus derechos como nación», para enfrentar lo que tachó de «ofensiva» contraria a la naturaleza y objetivos del organismo.

El texto del comunicado, es el siguiente:

La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, en el asunto denominado “Venezuela I”.

Desde el mismo momento en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por las autoridades de los Estados Unidos de América.

Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano.

En este sentido, Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la Corte Penal Internacional y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición.

La República Bolivariana de Venezuela recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación.