–Tras ser recibido este martes en la noche por Migración Colombia con un despliegue de fuerza pública como toda una «estrella» de cine, y de cumplir la reseña judicial de rigor, el excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso fue trasladado en helicóptero a la cárcel La Picota de Bogotá, para ser recluido en el pabellón de extraditables donde permanecerá aislado mientras se define su situación judicial.

?#DeInterés | Hoy martes 27 de febrero arribó al país el señor Salvatore Mancuso Gómez, en un vuelo de deportados procedente de los Estados Unidos. Una vez arribó , se hicieron los trámites migratorios de ingreso al país y fue puesto a disposición de la @PoliciaColombia. pic.twitter.com/XmN9We44KE

— Migración Colombia (@MigracionCol) February 27, 2024

Al menos, Migración Colombia no lo bajó de «Señor Mancuso», al informar a través de su cuenta en la red social X, sobre la llegada del sanguinario paraco, destacando, además, su calidad de «gestor de paz»:

El Sr. Mancuso aceptó su nombramiento como gestor de paz dentro del programa de la #PazTotal del Gobierno Nal, que incluye acercamientos con todos los actores del conflicto y trabajo humanitario, especialmente con víctimas de desaparición tanto en Colombia como en países vecinos. pic.twitter.com/fjpZKAjzgP

— Migración Colombia (@MigracionCol) February 27, 2024

Mancuso llegó al país hacia las 2 de la tarde, a bordo de un vuelo chárter, junto con 108 migrantes colombianos ilegales deportados más por las autoridades estadounidenses. Tras su aterrizaje, la aeronave aparcó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), dentro del aeropuerto El Dorado.

Allí se cumplió todo el proceso de la reseña y se le hizo la notificación sobre los procesos que deberá enfrentar en el país, entre otros delitos, por desapariciones, homicidio, reclutamiento forzado, violencia basada en el género, desplazamiento. Tiene en total 57 órdenes de captura y una pena de 40 años de prisión, por las atrocidades que cometió antes de acogerse a la Ley de Justicia y Paz en el año 2004.

A las 7 de la noche terminó la diligencia judicial y Mancuso fue subido a un helicóptero de la Policía que lo traslado a La Picota. Aterrizó en la cancha de fútbol del penal.

“Va a estar aislado una celda de 3×4 metros aproximadamente, donde va a estar únicamente él en esa celda, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraditables, custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del Inpec, guardia especial capacitada y entrenada por la embajada de los Estados Unidos y a los que se les ha hecho polígrafo”, señaló el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

«Hay cinco filtros de seguridad para el acceso y únicamente tendrá acceso el oficial de servicio”, añadió.

Además dijo que se estudia la posibilidad de brindarle una alimentación especial por el riesgo de un envenenamiento.

«Estamos muy atentos a que no vaya a ser envenenado. Es posible que renuncie a la alimentación que le da el Inpec y que tenga su propio servicio de alimentación, en donde podrá ingresar alimentos crudos y prepararlos al interior del penal”, precisó el coronel Gutiérrez.

En Estados Unidos, Salvatore Mancuso fue condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico, pena que cumplió en marzo de 2020 porque el juez estadounidense que lo sentenció le convalidó parte de la condena que ya había cumplido en Colombia, donde estuvo encarcelado desde 2006, así como los años que había pasado en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.

Desde 2020, Mancuso estaba en un centro de detención de migrantes en el condado de Stewart (Georgia, EE.UU.) a la espera de que se resolviera su situación migratoria.

La semana pasada, el Gobierno colombiano aseguró que garantizará la seguridad de Mancuso una vez que sea deportado a Colombia para enfrentar los delitos pendientes en su país. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la vida de Mancuso podría estar en peligro debido a los «aportes» que ha ofrecido para que se conozca «la verdad».

Mancuso ha participado en varias audiencias en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que ha proporcionado información sobre cómo las AUC ejercían de «bisagra» entre el aparato militar y el paramilitar en varios «patrones de macrocriminalidad» como desplazamientos o ejecuciones extrajudiciales.