–En el marco de la indagación previa iniciada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Corte Suprema de Justicia citó a rendir declaración al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, al actual director de la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo y a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.

La Corte abrió la investigación por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, y al respecto ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales, y un inspección judicial a la UNGRD para recabar información sobre los contratos de compra de los Carrotanques para llevar agua potable a las comunidades den La Guajira.

La comisión de la Corte también realizará una inspección judicial a la Procuraduría General y al Congreso de la República, en este último caso para obtener certificaciones de fuero de los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Tras el anuncio de la Corte Suprema, el ministro del Interior, Luis Fernando Velásco, notificó que irá a la diligencia «y contaré todo lo que sé».

“Si la Corte encuentra que hay un hecho que tiene que ser investigado, debe llamar a las personas que pueden brindarle información. Tengo la obligación, iré y les contaré todo lo que sé”, precisó Velasco.

En su cuenta en X, el ministro escribió:

«Enterado por diferentes medios de comunicación de que la H. Corte Suprema de Justicia me ha citado en calidad de testigo a escuchar mi declaración sobre los hechos ocurridos en la UNGRD, reitero mi absoluto respeto a la justicia y a las instituciones: acudiré todas las veces que sea convocado ante las autoridades que así lo requieran».

Además, Velasco señaló:

«Mi compromiso, el del Gobierno Nacional y el del señor Presidente Gustavo Petro es con todas las gentes afectadas en las regiones por las conductas delictivas de quienes para quedarse con los recursos públicos, a cambio de inmunidad total y como parte de una estrategia jurídica para conseguirlo hoy pretenden posar de víctimas y desviar la atención bajo el insólito argumento de que lo que se robaron es producto de una política de estado en la que ellos solo seguían órdenes».