Parlamento de Venezuela aprueba ley que regula las ONG; serán controladas por la vía judicial como lo hizo Ortega en Nicaragua
–(Foto Asamblea Nacional). El congreso unicameral controlado por el régimen de Nicolás Maduro aprobó por unanimidad una ley, que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y “suprimir” el derecho de asociación. Con esta ley se controlará a los organismos no gubernamentales por la vía judicial, al igual que lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua.
El gobierno sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.
Además, ha argumentado que en el país existen al menos 62 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.
La ley contempla artículos que podrían llevar a la eliminación discrecional de muchas organizaciones y prevé elevadas multas. Además, exigirá a las ONG que informen si el origen de sus donaciones es nacional o extranjero. También prohíbe la promoción del «fascismo».
ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio de Interior y hacer una «relación de donaciones» para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el lunes a acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, de acuerdo con la fiscalía, dejaron 25 muertos.
La aprobación de la ley ocurre casi tres semanas después de que el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
El gobierno ha acusado a González Urrutia y a María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, de promover el “fascismo” en el país. La oposición ha denunciado una escalada en la represión en Venezuela.
Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras la crisis por las denuncias de fraude en su reelección el pasado 28 de julio. Protestas que estallaron la noche de los comicios dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Mientras #Venezuela sigue en una crisis política por la falta de transparencia del CNE y TSJ, la Asamblea Nacional de Maduro aprueba la Ley contra las ONG. #15Ago
Legalizando la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en… pic.twitter.com/ZsRe4hHh9d
— PROVEA (@_Provea) August 15, 2024
El Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH (Provea), una de las organizaciones más antiguas del país, aseguró que la aprobación de la ley legaliza la persecución contra la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en “estos tiempos oscuros” para la historia del país.
“Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, advirtió en X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), habían instado esta semana a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.
“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre de espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, escribieron en X este martes.
La ONG Acceso a la Justicia, por su parte, consideró en X esta ley como un «golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela».
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que se trata de «una norma que concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil».
Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios del gobierno, que suelen acusarlas de funcionar como «fachadas» para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países. (Información VOA y DW).
