–«No puede ser que estos trámites, que deberían tardar tres meses, se demoren hasta dos años”, expresó la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco al hacer un fuerte llamado de atención del Gobierno Nacional por las demoras en el otorgamiento de licencias para la ejecución de proyectos clave para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura del país

En Santa Marta, en su intervención, este miércoles, en el Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales Ambientales, aseguró que hay casos preocupantes como son los de La Mojana, el Canal del Dique, o casos más recientes como los pozos petroleo y gas de Komodo-1 y Uchuva, que afectan las explotaciones y exploraciones en un momento en el que el país lo necesita por la crisis energética.

“Existen trámites que han durado más de dos años como Sogamoso 500, el Chivor Norte, Virginia – Nueva Esperanza, esenciales para la seguridad energética en Bogotá que están siendo demorados por las autoridades ambientales”, puntualizó la procuradora.

La jefe del Ministerio Público, como parte del balance de la gestión preventiva, de intervención y disciplinaria en su administración, destacó el fortalecimiento del sistema de control y fiscalización de actividades mineras ilegales.

“A través de la coordinación con las autoridades locales, se intensificó la supervisión y el monitoreo en las zonas críticas afectadas por la minería ilegal, especialmente, en áreas de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas, como es el caso del río Suratá”, añadió.

La Procuradora agregó que, además de las mesas nacionales, se desarrollaron planes de acción a nivel departamental y municipal: “priorizamos las zonas más afectadas por la minería ilegal, con esfuerzos en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales, lo cual ha derivado en la clausura de puntos críticos de explotación ilegal en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó”.

Como cabeza del Ministerio Público, Cabello Blanco aseveró que se logró optimizar la articulación entre el Ministerio de Minas, la UPME, las autoridades ambientales y los gobiernos locales para implementar más de 10 proyectos de energías renovables no convencionales en los departamentos de Cesar, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca, avanzando hacia la sostenibilidad de la transición energética.

“La lucha contra la minería ilegal es un flagelo que arrasa con ecosistemas enteros y pone en peligro la salud de nuestros compatriotas, es uno de los ejes centrales de nuestra Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio –“Colombia sin minería ilegal, ni mercurio”.

Resaltó los planes de monitoreo gestionados en las fuentes hídricas que abastecen Cali y Bucaramanga, afectadas por la minería ilegal en el país; la instalación de la única unidad de almacenamiento de mercurio en Colombia; y la emisión del nuevo decreto sobre la destrucción de maquinaria amarilla usada en minería ilegal, que permite al Ejército Nacional ejercer dicha labor.

También recalcó logros a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios como la implementación del proyecto “Fortalecimiento de las garantías de los derechos reconocidos de las mujeres rurales dentro del marco normativo ambiental”, desarrollado con el apoyo de USAID y el IEMP, a través del cual se capacitó a más de 50 lideresas.

Finalmente, concluyó que, con su equipo interdisciplinario de biólogos marinos, ingenieros ambientales, abogados y físicos “hemos abordado los problemas más complejos con una perspectiva integral y técnica”.

Y concluyó que deja como legado «una entidad guardiana del medio ambiente, de la seguridad energética y de los derechos de los trabajadores rurales en cada rincón del país”.