–Como resultado del seguimiento continuo, en los últimos cuatro años, al proceso de reconstrucción del archipiélago de San Andrés tras el paso de los huracanes IOTA y ETA, Transparencia por Colombia actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción, evidenciando que varias de las alertas de corrupción identificadas inicialmente, continúan vigentes.

La principal alerta es la falta de información sobre la contratación en las obras e interventorías por parte de la UNGRD y el Findeter, a pesar de que la sentencia T-333 de la Corte Constitucional así lo ordenó desde el año 2022.

Al respecto, la ONG señala que a la fecha no es posible encontrar en la plataforma de SECOP dicha información y subraya que, a pesar de que se acordó en mayo de 2021 un Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción, hay varios compromisos que continúan sin cumplirse entre los que se destacan los siguientes:

-La construcción de refugios seguros de acuerdo con los términos descritos en el PAE. A la fecha se han venido levantando estructuras temporales que no cumplen con los lineamientos mínimos de seguridad, ni los elementos necesarios para albergar a la comunidad en caso de que se vuelvan a presentar desastres similares.

-A pesar de que se ejecutaron los recursos, aun no se ha construido en Providencia el hospital de segundo nivel establecido en el PAE. En su lugar se hizo un centro de salud que presenta problemas en su diseño lo que ha llevado a serias filtraciones de agua. La ausencia de un hospital adecuado en Providencia implica limitaciones a la garantía del derecho de acceso a salud para la comunidad.

-Barreras para la participación de la población afectada. Existen barreras para la participación de la comunidad en los procesos de reconstrucción y una ausencia de consulta previa en las etapas iniciales, lo que ha afectado la transparencia y legitimidad de dicho proceso. Precisamente por esta razón, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-333, ordenó realizar nuevamente el proceso de consulta previa. Aunque este proceso se está adelantando actualmente en Providencia, en San Andrés no se la llevado a cabo.

-Falta de credibilidad y confianza en la UNGRD. Esta entidad que es la responsable de la prevención y respuesta a calamidades en Colombia se ha visto involucrada en diversos escándalos de corrupción relacionados con la gestión de recursos para situaciones de emergencia. Desde 2020, se han abierto procesos de investigación contra cuatro directores de la UNGRD, además de congresistas y ministros, por presuntas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de emergencias en el país. Esta situación, sumada a la falta de cumplimiento con la publicación de los contratos de reconstrucción del archipiélago, dificulta la confianza de la comunidad raizal en los procesos institucionales.

Informe del Raizal Development Center sobre el cumplimiento del proceso de reconstrucción

Como complemento a las alertas identificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, el Raizal Development Center, en articulación con diversos representantes de la comunidad isleña, elaboró un informe de seguimiento al proceso de reconstrucción a partir de los avances en el PAE y de acciones que se están desarrollando para el cumplimiento de la sentencia T-333. El informe Balance y Alertas identifica ocho áreas críticas que siguen siendo motivo de preocupación para la comunidad isleña, entre las que se encuentran:

-No hay información sobre la ejecución de recursos para la reconstrucción de las viviendas afectas en San Andrés tras los pasos de los huracanes Iota en 2020, que dejó 542 viviendas afectadas, y Julia que dejó en 2022, que dejó 1.300 casas afectas. Según información entregada a la comunidad por la UNGRD, se habrían destinado 5.700 millones entre marzo y diciembre de 2022 para estas afectaciones en San Andrés, pero a la fecha no hay información disponible sobre la ejecución de estos recursos.

-Sobre la recolección y remoción de escombros, el informe elaborado por el RDC dice que en agosto de este año se adelantó un proceso inicial parte de la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina para la remoción de los desechos. Sin embargo, buena parte de la remoción está en cabeza de la UNGRD, la cual, aunque se comprometió a la destinación de $35.000.000.000 para completar esta labor, a la fecha se desconoce el proceso y de contratación o asignación de estos recursos para tal labor y sigue sin completarse la tarea de remoción de escombros.

Llamados con urgencia

Desde TPC consideramos que es urgente prestar atención a estos llamados de la comunidad sobre el proceso de reconstrucción del archipiélago. Ellos son los principales dolientes de esta situación y están demandando mayor transparencia e información sobre la inversión de los recursos, la garantía de las obras entregadas y la atención a quienes todavía no han vistos sus viviendas y negocios reconstruidos a pesar del tiempo que ha trascurrido. El proceso de reconstrucción sigue vigente y todavía hace falta incrementar las acciones de coordinación entre las entidades nacionales, departamentales y locales, priorizar la transparencia, el control y la rendición de cuentas sobre los resultados, pero sobre todo salvaguardar los derechos de esta comunidad altamente vulnerados no solo por el paso de los huracanes, sino también por las falencias en la reconstrucción.

“Lamentablemente, los problemas de corrupción que afectan los derechos de las comunidades en el manejo de desastres en Colombia no son un problema aislado, sino que son una vulnerabilidad estructural en la forma en la que se atienden estas emergencias. Esto ha dado como resultado una revictimización para la comunidad raizal, una ruptura del tejido social de las islas debido al caos e incertidumbre a la que la comunidad fue sometida y la creciente falta de confianza en la institucionalidad” expresa Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia.

“La semana pasada, en el marco de varias reuniones con entidades y una comisión del Raizal Council de la Autoridad Raizal, nos presentaron avances en los proyectos y percibimos la buena voluntad de la nueva dirección de la UNGRD. Nos prometieron dar seguimiento a varias de nuestras inquietudes, y esperamos que así sea, ya que han pasado cuatro años desde los desastres ocasionados por los huracanes IOTA y ETA, y nuestra comunidad sigue siendo muy vulnerable, por no decir desprotegida, frente a estos fenómenos naturales y la falta de una respuesta institucional integral,” afirmó Jairo Rodríguez Daivis, presidente del Raizal Development Center y líder comunitario.