–La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, ordenó al presidente Gustavo Petro rendir una declaración juramentada dentro de la investigación que adelanta contra cinco congresistas y un excongresista por el sonado escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y en el que también ha sido salpicado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“De manera atenta y de conformidad con lo ordenado por el honorable magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, mediante auto del tres (3) de diciembre del año en curso, me permito informarle que en la presente investigación se ordenó recibir declaración al presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, mediante certificación jurada”, señala el auto.

Según el magistrado de la Corte Misael Rodríguez, el jefe del Estado deberá responder un cuestionario elaborado por los abogados de los congresistas investigados. Una vez lo hagan se enviará el cuestionario al presidente”.

Los congresistas investigados, por el presunto delito de cohecho impropio, son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte. Igualmente, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

La decisión de la Sala, está relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Para esta decisión, se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD, señaló la Corte.

En concreto, subrayó, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

La actividad investigativa preliminar permitió evidenciar que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.

Los investigados deberán comparecer a diligencias de indagatoria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer si se infringió la ley penal y quiénes habrían sido los sujetos de esa infracción, puntualizó la Corte.