–El Consejo de Estado reaccionó enérgicamente contra los «sistemáticos e irrespetuosos mensajes» del presidente Gustavo Petro en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta Corporación, y tras expresar «su contundente rechazo», le exigió al mandatario respeto a la independencia y autonomía judiciales.

«Las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones, que adopta como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como juez de los actos del gobierno y, en general, de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial», precisa el Consejo de Estado en un comunicado.

«La Corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad», puntualiza.

Afirma que «cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión».

Enseguida el Consejo de Estado «hace un llamado a la reflexión sobre el deber de respetar la independencia y autonomía judiciales que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable. La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo».

Finalmente, «reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho».

El duro pronunciamiento del Consejo de Estado se produjo tras las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro por la decisión de esta corporación de tumbar la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde del municipio de Duitama, Boyacá para el periodo 2024-2027.

En un trino que publicó el 12 de diciembre, el primer mandatario aseguró:

-Respeto al juez pero aquí hay perfidia porque nuestros candidatos del pacto histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos

Así detienen la juventud que gana elecciones, así detienen el voto popular. En algunos corazones de la vieja política en la justicia que quieren a como de lugar detener el cambio, lo que nace no es el derecho sino el «lawfare» el mal uso del derecho contra el voto popular.

La justicia debería ser la vanguardia en la defensa de los derechos del pueblo, así siempre lo creí. Pero no es justicia si lo que se mata son los derechos del pueblo.

Colombia necesita jueces justos para acabar su violencia y desigualdad.

Respetamos al juez, por eso el joven alcalde se irá con sus sueños, pero que el pueblo de Duitama persevere contra toda injusticia en lograr su poder popular. Fin del trino presidencial.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial también emitió un comunicado rechazando «de forma contundente ante la opinión pública y la ciudadanía, los mensajes emitidos en la red social X por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que irrespetan las decisiones de una alta Corte de la República, como lo es, el Consejo de Estado».

En el escrito, hace además las siguientes precisiones:

«Los graves calificativos a los pronunciamientos en derecho de los jueces son un ataque directo a la democracia, desvirtúan el principio de equilibrio de poderes, laceran la colaboración armónica y son una afrenta y un atentado contra la independencia y la autonomía de la justicia. Más aún cuando provienen de quien dirige los destinos de la Nación y debe ser el principal ejemplo de respeto a la Constitución y a la Ley.

A los jueces se les ha encomendado la noble tarea de administrar justicia por mandato constitucional. Sus sentencias, providencias y conceptos obedecen exclusivamente a la interpretación razonada y honesta de la ley. Poner en duda esta máxima del funcionamiento de la justicia es desconocer la importancia de los jueces como garantes de los derechos fundamentales dentro de una sociedad democrática.

En ocasiones anteriores, las diversas corporaciones judiciales hemos manifestado nuestra inquietud por este tipo de pronunciamientos del presidente de la República, y aun cuando las altas Cortes han solicitado que cesen estos ataques, los mismos no solo persisten, sino que han aumentado en intensidad, acompañados de palabras descalificadoras de los fallos recientemente emitidos, así como de los jueces en su condición de seres humanos.

La Comisión Interinstitucional, conformada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía; el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera; hace un llamado para que se respete la independencia judicial y la institucionalidad, evitando descalificaciones que, como las realizadas por el primer mandatario de la Nación, socavan el Estado constitucional de Derecho, en tanto están dirigidas a restarle legitimidad a las decisiones judiciales y a sus jueces.

En un sistema democrático, el respeto mutuo entre los distintos órganos del poder público es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones y la protección de los derechos de los ciudadanos. Los pronunciamientos descalificadores del presidente de la República afectan la administración de justicia, como valor indispensable para construir la paz de una nación. Asimismo, las Cortes hacemos un llamado a la ciudadanía toda para que esté alerta sobre la erosión de la democracia en curso, la que se hace manifiesta con esta clase de descalificaciones, insultos e irrespetuosas afrentas; el ascenso de todos los autoritarismos y las dictaduras empieza por deponer el valor de las reglas, prosigue con la deslegitimación de los jueces y sus decisiones y finiquita con la adjudicación a los jueces del papel de felones. Nunca en la institucionalidad colombiana se había dicho que quienes traicionaban el sentido de la Constitución y la ley, fueran los jueces encargados de aplicarlas. Ahora los destinatarios de todas las descalificaciones posibles no son quienes burlan la ley, la traicionan o la desconocen sino quienes la aplican y defienden.

El respeto por las instituciones de justicia, por quienes la representan y por sus decisiones, es un deber indeclinable del máximo dirigente de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Para que Colombia pueda seguir figurando dentro de las democracias viables, con altos índices por el respeto al Estado de Derecho, es preciso que el señor presidente de la República vuelva sobre sus palabras y construya los caminos de la añorada paz que nos merecemos todas y todos quienes habitamos este bello país.