–En virtud de las recientes denuncias que han circulado en redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio, anunció que formuló pliego de cargos en contra de la sociedad Pagos Automáticos de Colombia S.A.S., operador de la aplicación Gopass, herramienta tecnológica que es utilizada por los consumidores para facilitar los procesos de pagos y compras en servicios como parqueaderos y peajes, entre otros servicios.

El organismo de control señala que después de analizar una serie de quejas relacionadas con el servicio ofrecido mediante la aplicación Gopass, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor encontró mérito para iniciar investigación formal por los siguientes motivos:

-En la aplicación Gopass no se estaría suministrando a los consumidores información clara, suficiente, oportuna y precisa respecto de los precios de las membresías y tarifas aplicables para el uso del dispositivo de identificación
electrónica vehicular (DIEV).

-La sociedad investigada no estaría dando cumplimiento a los deberes legales que le corresponden por ofrecer sus servicios a través de la modalidad de ventas a distancia, en este caso, por medio de su comercio electrónico Gopass, entre los que se destaca el disponer de un mecanismo para que los consumidores puedan presentar y hacer seguimiento a sus PQR ‘S e informar a los consumidores el procedimiento para ejercer la reversión del pago.

-La operadora de la aplicación no habría atendido los requerimientos de información ordenados por la Dirección que buscaban verificar el cumplimiento de la ley de Protección al Consumidor.

-En caso de encontrarse probada la vulneración de las normas que protegen los derechos de los consumidores la Superintendencia podrá imponer a la sociedad investigada una multa hasta por dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Supertintendencia anuncia que adicionalmente, las recientes denuncias presentadas en relación con Gopass, se encuentran siendo objeto de análisis por la Dirección de Investigaciones, por lo que invita a la ciudadanía a poner en conocimiento de la entidad, las irregularidades que considera que deban ser estudiadas y analizadas por la autoridad.

Finalmente advierte que contra la decisión de apertura de investigación no procede recurso alguno.