–La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció este viernes que formuló cargos contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes supuestamente por supuestamente haber ejecutado un acuerdo o cartelizado, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas en el proceso de contratación para el arrendamiento de vehículos blindados por 3 billones de pesos de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

En un comunicado, el organismo de control indica que la Delegatura para Protección de la Competencia, atendiendo
las denuncias recibidas por parte de un agente competidor y de la propia Unidad Nacional de Protección (UNP), adelantó diferentes actuaciones administrativas encaminadas a verificar el cumplimiento del régimen de la libre competencia
económica en el marco de los procesos de selección llevados a cabo por la UNP para la contratación del arrendamiento de vehículos blindados durante los años 2015 a 2024.

Los procesos de contratación que fueron estudiados por la Delegatura estaban dirigidos a garantizar la seguridad, integridad, libertad y la vida de las personas que requieren especial protección, precisa la SIC.

Añade que precisamente, con el propósito de cumplir su misionalidad y garantizar el servicio de vehículos blindados, la UNP se encarga de adelantar los procesos de selección que están regidos por las normas de contratación estatal y el régimen de la libre competencia económica, los cuales, en conjunto, tienen como finalidad la selección de los mejores oferentes de este servicio para que le brinden al Estado no solo calidad sino con precios adecuados.

Bajo esta perspectiva, tras una exhaustiva averiguación preliminar y evaluar el material probatorio recaudado, la SIC «abrió investigación y formuló cargos contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la UNP, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de 3 billones de pesos».

Las empresas procesadas son NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA., GMW SECURITY RENT A CAR LTDA., BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA., VEHÍCULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA., ALLIANCE SECURITY RENT CAR LTDA., M.I. BLINDAJES LTDA., VECTOR LTDA. ALQUILER DE VEHÍCULOS BLINDADOS, NACIONAL RENT CAR LTDA. y ARRENDADORA DE VEHÍCULOS BLINDADOS ARMATI LTDA., que
habrían ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas.

Los comportamientos que la SIC identificó y que evidenciarían la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados son: (I) abstenerse de presentar oferta en zonas distintas a las repartidas (respeto por la
repartición) para evitar presiones competitivas; (II) la presentación de ofertas económicas iguales o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad; (III) coordinar la presentación de observaciones y/o la no presentación de
propuestas para presionar a la Entidad sobre distintos aspectos del proceso; y, (IV) la coordinación entre ellos incluso durante la etapa de ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección objeto de análisis.

Las personas naturales vinculadas a esta investigación, quienes habrían hecho parte del desarrollo de la conducta investigada, son: ALAN PERLMAN KATZ, JORGE ARTURO MORENO OJEDA, ALEJANDRO SALVINO CAICEDO, ALDO SALVINO CAICEDO, LUIS WILSON GONZÁLEZ CÁRDENAS, ALEXANDER DÍAZ DÍAZ, JORGE ALFREDO CABAL CASTELLANOS, JULIO CÉSAR SALAS TRIANA, MARÍA ISABEL ALMEIDA, ODILIA CECILIA CHAVARRIO MARTÍNEZ y RICARDO GARRIDO CANTOR,

Finalmente la Superintendencia advierte que «las acciones ejecutadas resultan fundamentales para el país» y que «con ellas se busca que los procesos de contratación se desarrollen de manera transparente y dentro de las cuales se garantice la selección objetiva y la libre competencia económica. De otra parte, se traducen en una lucha contra la corrupción en la medida en que las prácticas anticompetitivas en la contratación pública afectan la adecuada asignación de recursos públicos, como en el presente caso, que ascendieron a más de 3 billones de pesos».