–En una escala de 0 a 100, en el que 0 es «altamente corrupto», Colombia paso de 39 en 2023 a 40 en 2024 en el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial elaborado por la ONG Transparencia Internacional, TI, el cual advierte el retroceso que registró la lucha contra la corrupción en el territorio colombiano.
De acuerdo con el informe de TI, en los últimos 10 años, el punto más alto en corrupción fue en 2018 (gobierno Duque) con un puntaje de 36 y el punto con menor corrupción fue en 2023 (gobierno Petro) con un puntaje de 40. Los otros puntos más bajos ocurrieron en 2012 y 2013 (gobierno Santos) con una puntuación de 36.
En la puntuación de 180 países en todo el mundo, Colombia tiene una puntuación de 39 este año, con un cambio de -1 desde el año pasado.
De acuerdo con el reporte, la corrupción generalizada en las Américas está alimentando las violaciones de los derechos humanos y la impunidad, y frustrando los esfuerzos para combatir el cambio climático. Con un puntaje promedio de 42 sobre 100, la región sigue estando justo por debajo del promedio mundial de 43.
Añade que la corrupción en las Américas ha permitido que las redes criminales operen libremente e impunemente. Esto ha facilitado la comisión generalizada de delitos ambientales, desde la tala ilegal en Ecuador (32) y la minería ilegal en Chile (63) y Colombia (39), hasta el rastreo de vida silvestre en Brasil (34).
Casi el 80 por ciento de los 1.013 activistas climáticos asesinados desde 2019 ocurrieron en las Américas (794), sobre todo en Brasil, Colombia y México.
En las Américas, los países con mayor puntuación son Uruguay (76), Canadá (75) y Barbados (68). Por primera vez desde 2012, la puntuación más alta se da en Sudamérica.
Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) tienen las puntuaciones más bajas.
En Brasil (34), un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del comercio de rastreo de vida silvestre.
El poder judicial de México (26) no ha adoptado medidas contra casos de corrupción como Odebrecht y Segalmex, y el país
ha obtenido su puntuación más baja en la historia.
Las instituciones públicas débiles e irresponsables han permitido que las élites políticas y económicas se enriquezcan mediante fraudes en las contrataciones, sobornos e influencia indebida.
Con un puntaje promedio regional de 42 sobre 100 puntos posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC), las Américas deben tomar medidas urgentes para controlar la corrupción. La ausencia de medidas efectivas promueve violaciones de los derechos humanos y aumenta la inupertinencia de las élites económicas y políticas y del crimen organizado en los ámbitos públicos. Este entorno fomenta la impunidad y debilita la capacidad de los países para abordar el cambio climático, con consecuencias dramáticas para sus poblaciones.
The global average in the #CPI2024 remains at 43 out of 100 points, with over 2/3 of countries scoring below 50.
Billions of people live in countries where corruption destroys lives and undermines human rights.
Here's the analysis?? https://t.co/uu5yFFIlXq
The results ?? pic.twitter.com/w7cVsE5UET
— Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
Este año, los países que lideran la región son Uruguay (puntuación IPC: 76), Canadá (75) y Barbados (68), democracias relativamente estables con altos niveles de transparencia y participación. En la parte
superior del índice, los estados asolados por el crimen organizado y los abusos de los derechos humanos ocupan los puestos más bajos: Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).
En las Américas, la corrupción generalizada frustra los esfuerzos para combatir el cambio climático, lo que determina en el medio ambiente. Las personas también sufren las repercusiones, ya que el derecho a vivir en un medio ambiente sano, exigido por las Naciones Unidas, se ve amenazado y los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas se ven devastados.
TI subraya que las instituciones débiles y la falta de transparencia permiten que las organizaciones criminales controlen amplias partes de la región, donde explotan los recursos naturales sin preocuparse por las consecuencias.
Esto se manifiesta en los delitos ambientales, desde la tala ilegal en Ecuador (32) y la minería ilegal en Chile (63) y Colombia (39), hasta el rastreo de fauna silvestre en Brasil (34).
Los criminales organizados responsables dependen de la corrupción y el lavado de dinero para sostener sus operaciones, destaca Transparencia Internacional. Por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y robo de dinero derivados del comercio de rastreo de fauna silvestre.
Pero, advierte, no se trata solo del crimen organizado. Las élites políticas y económicas también explotan la debilidad del sistema, utilizando el fraude en las contrataciones, el soborno y la manipulación de las políticas ambientales para su propio beneficio. En Perú (31), por ejemplo, los expertos sugieren que la modificación de la Ley de Protección Ambiental y Vida Silvestre en 2024 responde a intereses particulares y fomentará la deforestación ilegal.
Afirma igualmente que la sociedad civil y los defensores del medio ambiente son cruciales para generar conciencia y exigir a los gobiernos que tomen medidas contra la corrupción y los delitos ambientales. A pesar del compromiso de los países latinoamericanos con el Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores del medio ambiente, la región sigue siendo la más peligrosa para estos activistas.
En Honduras (22), investigaciones recientes han descubierto la participación coordinada de empresarios, políticos y organizaciones en al menos tres asesinatos recientes de defensores del medio ambiente que habían expuesto esquemas de corrupción que involucraban a estos actores.
En toda la región, los poderes judiciales débiles y opacos restringen la aplicación efectiva de la ley y la justicia.
México (26) está en una tendencia descendente, perdiendo cinco puntos en solo un año debido a que el poder judicial no
actuó en casos de corrupción como Odebrecht y Segalmex, que involucran violaciones de derechos humanos y daños ambientales. A pesar de las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de abordar la corrupción y devolver los bienes robados al pueblo, su mandato de seis años terminó sin ninguna condena ni activos recuperados.
Estados Unidos (65) también cayó cuatro puntos en medio de críticas a su poder judicial.
La Corte Suprema instituyó un nuevo código de ética en 2023, después de una serie de escándalos éticos de alto perfil y
ampliamente publicitados, pero aún quedan serias dudas sobre la falta de mecanismos de aplicación significativos y objetivos y la solidez de las nuevas normas en sí. Es hora de actuar con decisión.
Para superar la corrupción y construir sociedades más pacíficas, resilientes y sostenibles, las Américas deben garantizar la protección de quienes alzan la voz y exigen cuentas a los poderosos.
Transparencia Internacional afirma que las estrategias que mejoran la democracia –como los mecanismos de mayor transparencia para detectar y gestionar los conflictos de intereses– son fundamentales, pero por sí solas no son suficientes para frenar la indebida influencia de las élites y el crimen organizado. Para lograrlo, concluye, será crucial mejorar las investigaciones y las sanciones, y fomentar una mayor regulación de los contadores, banqueros y abogados que permiten a los actores corruptos y criminales ocultar su dinero sucio».
