–Según la Defensoría del Pueblo, Colombia sigue siendo uno de los países con más víctimas de minas antipersonal en el mundo. Desde 1990, más de 12.000 personas han resultado afectadas por estos artefactos explosivos, muchas de ellas civiles, incluidos menores de edad y campesinos. Además de causar muertes y mutilaciones, las minas restringen el acceso a tierras agrícolas, caminos y fuentes de agua, afectando gravemente el desarrollo de comunidades enteras.

El pronunciamiento lo hizo con ocasión del Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas Antipersonal, una fecha que busca visibilizar el impacto devastador de estos explosivos en el país, y que durante décadas, han sido utilizados por grupos armados ilegales, dejando huellas imborrables en las poblaciones más vulnerables.

Desde que se tiene registro, 499 municipios de los 32 departamentos del país han reportado accidentes con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE).

Los cinco municipios con mayor número de víctimas entre 1990 y la actualidad son: Tumaco (Nariño) con 403 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 369, Tame (Arauca) con 350, Tarazá (Antioquia) con 278 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 275. A nivel departamental, los más afectados han sido Antioquia (2.675 víctimas), Nariño (1.156), Meta (1.153), Norte de Santander (972) y Caquetá (954), según cifras de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA). Ver cifras completas sobre víctimas de minas antipersonal

Los daños que sufren las víctimas van más allá de las heridas físicas. Enfrentan largos procesos de recuperación médica y psicológica, mientras que sus familias soportan un fuerte impacto emocional y económico. Además, el miedo a transitar por ciertas zonas impide el retorno de desplazados y dificulta la consolidación de la paz en regiones históricamente golpeadas por la violencia.

A pesar de los esfuerzos de desminado humanitario liderados por el Gobierno y organizaciones internacionales, el riesgo sigue latente. En muchos municipios, la presencia de minas ha aumentado debido a disputas territoriales entre grupos armados ilegales, poniendo en peligro la vida de comunidades enteras. Por ello, es urgente reforzar las labores de desminado y fortalecer la educación sobre el riesgo de estos artefactos para prevenir nuevas víctimas.

En este día de sensibilización, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la acción: la erradicación total de las minas antipersonal requiere el compromiso continuo de todos los actores del conflicto. Solo así será posible garantizar el respeto por la vida y la protección de los derechos fundamentales en el país.

A propósito de la grave situación, en el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, en el foro convocado por la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, el Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, destacó la urgencia de avanzar en la implementación integral de la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y establece su destrucción.

“Cumplir esta Convención es una condición esencial para garantizar los derechos de las comunidades y transformar los territorios históricamente afectados por la violencia”, afirmó.

“El desminado humanitario ha sido reconocido expresamente como una línea prioritaria dentro de las gestiones humanitarias que lidera la Defensoría, en cumplimiento de su mandato constitucional de protección y defensa de los derechos humanos”, agregó.

En el foro se anunció la expedición del Protocolo de Gestiones Humanitarias, una herramienta de la entidad que establece el marco de actuación institucional frente a situaciones de privación de libertad, desplazamiento forzado, confinamiento y otras afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo la contaminación por artefactos explosivos.

El foro fue un espacio de diálogo sobre los retos pendientes en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de desminado humanitario, así como sobre los impactos que estos artefactos siguen generando en la vida, la movilidad y la dignidad de las personas.

Finalmente, la Defensoría reiteró su respaldo a las comunidades víctimas del conflicto armado y su apuesta por lograr ser territorios seguros, libres de minas y llenos de oportunidades para la vida en paz. En ese sentido hizo un llamado urgente a todos los actores del conflicto para abolir esa práctica como solicita el Derecho Internacional Humanitario.