–“Me alarma cada vez más la tendencia creciente del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Me conmovieron profundamente los testimonios en el Catatumbo sobre el uso de las redes sociales (como TikTok y Facebook) para reclutar, engañar y persuadir a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables para que se unan a la guerra, comprometiendo a una futura generación de colombianos, prolongando y acentuando la crueldad del conflicto armado”.

Las precisiones las hizo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, luego de su visita a Tibú y Cúcuta, en Norte de Santander, esta semana.

Añadió que luego de esta visita a Norte de Santander, quedo profundamente preocupado además por la situación de riesgo de las comunidades, no solo por los testimonios que conoció, sino también «por la verificación de casos de vulneraciones a los derechos humanos realizada por nuestra Oficina”,

En lo que va de 2025, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos verificó en Catatumbo el homicidio de cuatro personas defensoras de derechos humanos; cinco masacres, con 18 víctimas, cuatro de las cuales fueron perpetradas en Tibú; el reclutamiento, uso y utilización de 36 niñas, niños y adolescentes, en 23% de los casos migrantes, lo que es sólo una muestra que permite analizar un patrón y la gravedad de esta vulneración de derechos humanos. De otras fuentes, la Oficina recibió información según la cual este año el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años en Catatumbo ascendería a más de 70 casos.

“El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años es un crimen perpetrado por parte de los grupos armados no estatales. Nosotros condenamos este crimen y urgimos a que estos grupos se abstengan de reclutar niños y niñas y a que liberen de inmediato a aquellos que tengan en su poder. Las plataformas de redes sociales facilitan este reclutamiento en Colombia. Llamo también al Estado que tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños a tomar todas las medidas para prevenir el reclutamiento”, declaró Scott Campbell.

Desde el 16 de enero a hoy, el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander registra 126 homicidios selectivos; 66.080 personas desplazadas forzosamente, de las cuales alrededor de 900 permanecen en refugios, otras siguen desplazadas y ubicadas con redes de apoyo o con sus proprios medios, mientras que algunas personas habrían retornado sin condiciones de seguridad; 11.490 personas siguen confinadas.

“En mis reuniones con autoridades de la Gobernación de Norte de Santander y con las autoridades de Tibú recibí información sobre el manejo de la crisis desde el 16 de enero y sobre las dificultades presupuestales y los enormes retos para la atención humanitaria de las víctimas a corto, mediano y largo plazo. Las autoridades nos informaron sobre el grave impacto que tiene la decisión de suspender los recursos por parte de USAID para la atención humanitaria. Por otro lado, agencias humanitarias en la región nos hablaron de la necesidad de garantizar el acceso humanitario, por parte de las autoridades”, señaló Scott Campbell.

“Me reuní también con autoridades del Pueblo Indígena Bari, quienes me explicaron que sus 26 comunidades, en el Catatumbo, actualmente, se enfrentan a restricciones de movilidad; a vigilancia de su territorio y de su vida; a la instalación de minas antipersonas en sus caminos ancestrales, interrumpiendo su espiritualidad y, en muchas ocasiones, la posibilidad de cazar, pescar y recoger frutos y plantas de su medicina tradicional, por las acciones de los grupos armados no estatales. También me hablaron sobre la necesidad urgente del saneamiento y ampliación de sus resguardos. Sobre este último tema, me reuní con la Unidad Nacional de Tierras que me expresó su compromiso de avanzar con la sentencia T-052 de 2017 que garantiza los derechos del Pueblo Bari, y al mismo tiempo, en avanzar en la garantía de derechos del campesinado”, dijo Scott Campbell.

“Durante mi visita al Catatumbo, añadió, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe sólido sobre la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región. Coincidimos desde ONU Derechos Humanos con su análisis y también con sus preocupaciones. La Defensoría del Publo documentó, al menos, 56 casos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a sobrevivientes migrantes, y nuestra Oficina ha verificado 7 casos emblemáticos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas”.

Uno de los fenómenos más preocupantes identificados por ONU Derechos Humanos es la violencia, el señalamiento y la estigmatización de mujeres acusadas de ser “colaboradoras” de los grupos armados no estatales, lo cual las expone a agresiones físicas, psicológicas y sociales. También a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se han difundido fotografías, listas con nombres, direcciones y otros datos personales, en las que se les acusa de tener vínculos con dichos grupos y se les amenaza.

El riesgo de feminicidio aumenta por la estigmatización y señalamiento de las mujeres que han tenido relaciones con miembros de grupos armados, firmantes del Acuerdo de Paz o vinculadas (voluntaria o forzadamente) a economías ilegales.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025, documentó en Catatumbo un aumento de las amenazas y estigmatización en contra de liderazgos comunitarios y/o personas defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y marzo de 2025, se registraron 50 casos de amenazas, superando los 40 casos reportados durante todo el año 2024.

Muchos de los liderazgos han tenido que salir del territorio y se encuentran solicitando medidas de protección individuales y colectivas ante la Unidad Nacional de Protección para poder ejercer su labor defensa de derechos humanos.

Esta tendencia refleja un entorno cada vez más restrictivo para la defensa de los derechos y la participación comunitaria. Es vital que la Unidad de Protección active e implemente el mecanismo extraordinario previsto en el Decreto 137 de 2025 para la protección de lideresas y líderes sociales, y autoridades locales, incluyendo personeros.

Asimismo, desde enero de 2025, ONU Derechos Humanos registró un aumento significativo de casos de abandono forzado y despojo de tierras en el Catatumbo cuya responsabilidad sería de los actores armados no estatales.

Scott Campbell se reunió, durante su visita, con la Unidad de Restitución de Tierras la cual expresó que la declaratoria de conmoción interior, y uno de sus decretos, permite a esta entidad del Estado brindar protección jurídica a los predios dejados por las personas desplazadas, agilizando los trámites para lograr la protección, y dotando a la Unidad de Restitución de Tierras de suficientes recursos económicos, con el fin de no permitir el despojo.

La Oficina de la ONU para los derechos humanos recomienda dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 que permitan la creación e implementación de la Jurisdicción Agraria, como mecanismo para garantizar el acceso, uso y tenencia de la tierra y como un elemento esencial para la realización de muchos otros derechos humanos.

“Reconocemos los esfuerzos que desde las instituciones del Estado locales y nacionales se han adoptado para dar respuesta a la crisis del Catatumbo y para garantizar los derechos humanos de la población. Para lograr este objetivo, resulta imprescindible que la Fuerza Pública, en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pueda asegurar el orden público en toda la región, particularmente en las zonas rurales, para garantizar la protección de las comunidades y Pueblos Indígenas.

Un instrumento central debe ser la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana aprobada por el Gobierno, la cual tiene en el centro el concepto de Seguridad Humana y la protección de las comunidades. Es fundamental que, en el caso particular del Pueblo Barí, la Fuerza Pública pueda implementar la Directiva Permanente 16/2006 del Ministerio de Defensa, la cual establece los lineamientos para el reconocimiento, la prevención, la protección de los Pueblos Indígenas”, dijo Scott Campbell.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoce los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para acelerar la investigación de las violaciones y abusos de derechos humanos que se han cometido en el Catatumbo, en particular, en torno al desplazamiento forzado, los homicidios, amenazas y ataques en contra de las personas defensoras.

Es fundamental también avanzar en la investigación de los casos de reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años y en las violencias de género, incluyendo violencia sexual.

En este contexto, ONU Derechos Humanos considera de esencial importancia que, adicional y complementariamente, a la respuesta humanitaria inmediata se puedan brindar soluciones sostenibles y duraderas tanto a las familias desplazadas, como a las que enfrentan el confinamiento.

Es clave también que de manera articulada las instituciones del Estado garanticen los derechos humanos y brinden las garantías para la estabilización socioeconómica, la reubicación o el eventual retorno de las familias con las garantías plenas que establecen los principios DENG* y la propia normativa interna.

Finalmente, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recomienda que el Estado pueda avanzar con el financiamiento e implementación del Pacto Catatumbo, el cual fue dialogado y acordado en sus principales elementos con las organizaciones de la sociedad civil en el territorio.

Es esencial que a través del Pacto Catatumbo se aborden los problemas estructurales de falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales y de desarrollo que históricamente han afectado a la región del Catatumbo en cuanto al acceso a la salud, educación, agua, saneamiento, así como los derechos al trabajo y a la tierra, entre otros.