Fiscalía de Guatemala emitió orden de captura contra exministro Iván Velásquez y la Fiscal Luz Adriana Camargo por escándalo de corrupción de Odebrecht
–El Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, notificó que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal del país centroamericano a solicitud de la Fiscalía Contra la Impunidad expidió ordenes de captura contra los exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal General de Colombia por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
Iván Velásquez,, exjefe de la Cicig es señalado por el Ministerio Público (MP) de “encabezar una supuesta red criminal” vinculada a los acuerdos ilegales con la constructora brasileña Odebrecht.
2025: 153 días de trabajo fuerte y firme ?
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme ?#FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025
Las acciones legales en contra de Iván Velásquez iniciaron formalmente en enero del 2023, cuando Curruchiche anunció que se investigaba al excomisionado de la Cicig por su participación en los acuerdos de colaboración eficaz firmados con representantes de Odebrecht durante su gestión.
“El señor Iván Velásquez Gómez, junto con Juan Francisco Sandoval, permitió que se firmaran acuerdos ilegales en nombre del Estado guatemalteco sin seguir los procedimientos establecidos por la ley”, declaró Curruchiche en ese momento.
Desde entonces, el MP ha planteado que tanto Velásquez como Sandoval habrían actuado «con conocimiento de que los acuerdos estaban viciados, favoreciendo a ciertos actores a cambio de beneficios judiciales y sin perseguir a los principales responsables del desfalco».
En un video publicado por el MP en mayo del 2025, el fiscal Curruchiche afirmó: “Se descubrió la creación y uso de empresas de cartón para canalizar fondos utilizados por la constructora brasileña Odebrecht con el objetivo de sobornar a funcionarios guatemaltecos.”
Y agregó: “Iván Velásquez y Juan Francisco Sandoval encabezaron una estructura criminal que permitió uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Guatemala.”
También detalló que los acuerdos de colaboración eficaz firmados entre el 2017 y 2018 habrían sido ilegales, por lo que fueron anulados por la Sala Segunda de Apelaciones en el 2022.
El fiscal guatemalteco explicó que la investigación reveló, a través de correos electrónicos y declaraciones de testigos colaboradores, que existía una estructura criminal dentro del Ministerio Público y que el excomisionado habría tenido conocimiento e intervención en los acuerdos ilegales firmados con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht.
“Tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala”, afirmó Curruchiche.
En el año 2023, en una entrevista por un medio colombiano, le preguntaron a Curruchiche si Velásquez recibió sobornos o dinero directamente de Odebrecht, a lo que el jefe de la Feci respondió que hasta el momento no se ha establecido ningún pago hacia él.
Sin embargo, el jefe de la Feci dijo que Velasquez “tenía conocimiento de toda esta negociación, de los montos que se iban a pagar al Estado de Guatemala y de los beneficios a la empresa Odebrecht y a los colaboradores brasileños”.
El fiscal también cuestionó la participación de Luz Adriana Camargo en un viaje a Brasil, asegurando que “no tenía competencia” para firmar ningún acuerdo, ya que esa labor le correspondía únicamente al Ministerio Público guatemalteco.
¿Por qué se anularon los acuerdos con Odebrecht?
Según el MP, los acuerdos presentaban irregularidades como:
-El poder legal de Odebrecht no era válido en Guatemala.
-Juan Francisco Sandoval actuó como fiscal en Brasil sin autorización legal.
-La jueza no fundamentó adecuadamente la homologación.
-Los documentos contenían falsedad ideológica.
-El abogado defensor no tenía autorización para ejercer en Brasil.
“Las firmas de los acuerdos, los fiscales que los autorizaron y el abogado defensor serán investigados penalmente”, indicó Curruchiche. (Con Información del Ministerio Público y el periódico Prensa Libre de Guatemala).
