–Muchas mentiras y pocas verdades alrededor del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, revelaron en rueda de prensa este lunes la Fiscal General Luz Adriana Camargo y el director de la Policía Nacional, Brigadier General Carlos Triana. Además, señalaron que la investigación se orienta identificar a los autores intelectuales, esto es, a las personas que «instrumentalizaron» al menor o que le ofrecieron o le pagaron para cometer el ataque el pasado sábado a las 5:30 de la tarde.

Una de las falsedades es que «en el lugar de los hechos no existió ningún celular». También son falsos los videos en los cuales se señala a personas supuestamente hablando o haciéndoles ceñas al autor del atentado. Son editados y no corresponden al momento del hecho.

La mujer a la cual precisamente se le hizo señalamientos se presentó voluntariamente ante la URI de Usaquén en donde explicó las razones por las cuales estuvo en la manifestación convocada por el precandidato presidencial de Centro Democrático.

“Esta persona se muestra ajena a los hechos y explica que su presencia en el lugar se da porque es dueña de unas misceláneas allá en Modelia y, por eso, hacía parte de la concentración”, precisó. “Ella manifestó que no tiene ninguna participación y explicó su presencia en el parque”, puntualizó la Fiscal.

El sicario, cuya identidad sigue en reserva por tratarse de un menor de edad, tiene 15 años; nació en el 2010, resultó herido de un balazo cuando intentó huir tras disparar contra Uribe Turbay; también fue goleado en la cabeza.

Fue presentado ante un juez de garantías de la capital de la república en una diligencia que se prolongó hasta las 2 de la madrugada de este lunes, en la cual estuvo asistido por un defensor público, y que contó con la participación de los representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y de la Procuraduría. En esta diligencia se legalizó su captura.

El arma que utilizó el adolescente para atacar al senador Uribe Turbay, una pistola Glock calibre 9 m.m, de fabricación austriaca, fue adquirida o comprada en Arizona, Estados Unidos, el 6 de agosto del año 2020, pero se desconoce quién y cómo la introdujo al territorio colombiano. También se indaga si fue utilizada en anteriores acciones criminales similares o sicariales.

El aspirante presidencial recibió tres disparos, dos en el cráneo y la última en una pierna.

La Fiscal General resaltó que el objetivo número uno de la investigación se dirige a establecer qué red sicarial contactó como ejecutor material a este menor y añadió que para ello se hace el estudio de balística, que es identificar si esa arma que se utilizó ha estado involucrada en otros atentados similares.

«Ese examen se está haciendo en este momento, es muy relevante. En este momento no tenemos la información, la estamos trabajando», puntualizó.

El director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Triana anunció que se abrió una investigación contra cuatro policías de la escolta del congresista y añadió que sobre el caso, ya presentó una declaración el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez.

Del menor, los investigadores han recopilado ya abundante información, comenzando por la trazabilidad de su recorrido hasta llegar al sitio para ejecutar el atentado, con base en los videos analizados a lo largo de los trayectos y los realizados en la escena del crimen. Al respecto, la Fiscal indicó que en su poder sí se le observó un celular, pero tras el atentado no.

En total, hasta ahora, se han revisado 1.000 videos y se han realizado 23 entrevistas con personas que hicieron parte de la manifestación.

Según la Fiscal Luz Adriana Camargo, el joven será procesado por intento de homicidio y porte ilegal de armas y de acuerdo con la ley 1098 de 206 o Código de Infancia y Adolescencia, marco legal colombiano que establece normas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Este código garantiza sus derechos y libertades, establece responsabilidades de la familia, sociedad y Estado, y define los procedimientos para garantizar la protección de la niñez.

Bajo estas normas normas legales podría ser condenado a 8 años de internamiento, que más que un castigo, es una sanción educativa recuperadora y de restablecimiento de derechos como menor de edad.

Precisamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recordó que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de protección especial y reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia.

En este sentido exhortó a los medios de comunicación, a quienes difunden contenido a través de redes sociales y plataformas digitales, y a la sociedad en general, abstenerse de revelar cualquier dato que permita la identificación del adolescente involucrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe expresamente divulgar su nombre, imagen, filiación, domicilio o cualquier otra información que atente contra su intimidad, dignidad y seguridad.

El ICBF advirtió que la participación de la niñez y adolescencia en hechos violentos es una grave vulneración a sus derechos humanos. Por eso, deben ser protegidas y protegidos contra toda forma de vulnerabilidad en todos los escenarios donde se desenvuelve su vida, para garantizar que se desarrollen de manera integral y prevenir que ellas y ellos incurran en conductas contrarias a la ley, la convivencia y la paz.

Al efecto, Bienestar Familiar destacó que activó las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y acompaña el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del adolescente conforme a los protocolos establecidos.

Así mismo, hizo un llamado urgente a todas las instituciones del Estado a reforzar las acciones de prevención frente al uso, utilización e instrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales o de violencia política, hecho que constituye una vulneración grave y pluriofensiva de sus derechos fundamentales.