–(Captura de video, red social). A pesar de haber sido capturado en flagrancia, frente a decenas de testigos, portando la pistola Glock de 9 milímetros con la que disparó contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el joven de 15 años no aceptó los cargos en grado de tentativa del que se le acusa y se declaró «inocente» ante el juez de control de garantías que legalizó la aprehensión.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al adolescente. Una fiscal adscrita a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no aceptó.

Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático.

En medio de su intento de fuga, el adolescente resultó herido en una de sus extremidades y fue aprehendido en situación de flagrancia cerca del lugar de los hechos. En su poder fue encontrada un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros) con la que presuntamente ejecutó el ataque criminal.

El joven confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos para matar al dirigente político de Centro Democrático, aseguró Noticias Caracol, dinero que curiosamente solo se le entregaría después del crimen. Además señaló que el menor aprehendido tiene anotaciones judiciales por supuestamente estar involucrado en un homicidio y en otro hecho de hurto.

El juez le impuso al adolescente medida de internamiento preventivo en un «centro especializado» para menores, y la Fiscalía decidió trasladarlo a su búnker en Bogotá, mientras se decide el lugar al que irá, en el que «no corra peligro», mientras se realiza el respectivo juicio.

De acuerdo con la legislación colombiana, si es hallado culpable puede pasar ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común, debido a que es menor de edad, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

La pregunta que se formula alrededor de este caso es si a pesar de haber sido capturado en flagrancia, es posible declararse inocente.

La respuesta es Sí, bajo el principio de la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que establece que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, donde se le aseguren todas las garantías para su defensa. Este derecho implica que, aunque se capture a alguien en flagrancia, se le debe tratar como inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

En Colombia, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Al respecto, Conceptos Jurídicos, precisa así los procedimientos en caso de flagrancia:

El procedimiento para la captura en situación de flagrancia está también bien delineado en la legislación colombiana. Aquí los pasos clave:

-Captura sin orden judicial: Según el artículo 302 de la Ley 906 de 2004, cualquier persona puede ser capturada sin necesidad de una orden judicial previa si es sorprendida en flagrancia. Esto permite una acción rápida y eficaz de las autoridades.

-Derechos del capturado: A pesar de la captura inmediata, la persona detenida en flagrancia tiene todos los derechos de un detenido con proceso regular. Esto incluye el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, a recibir asistencia de un abogado y a ser presentado ante un juez en un término máximo de 36 horas.

-Audiencia de legalización: Tras la captura, se debe realizar una audiencia de legalización de captura, donde un juez de control de garantías verifica la legalidad de la captura y decide si se mantiene la detención.

-Imputación y medidas de aseguramiento: Si se legaliza la captura, el fiscal procede a la imputación de cargos y puede solicitar medidas de aseguramiento, que pueden incluir la detención preventiva, dependiendo de la gravedad del delito y el riesgo que represente el detenido.

Consecuencias de la captura en flagrancia en Colombia

Las consecuencias de una captura en flagrancia son significativas:

-Agilización del proceso penal: La flagrancia permite que el proceso penal se acelere, pues la evidencia es más directa y las audiencias preliminares se pueden llevar a cabo con mayor rapidez.

-Posibles limitaciones en la defensa: Aunque se garantizan los derechos del detenido, la rapidez del proceso puede limitar el tiempo de preparación de la defensa, lo que es un desafío para el abogado defensor.

-Impacto en las medidas de aseguramiento: La flagrancia puede influir en la decisión del juez sobre las medidas de aseguramiento, incluyendo la detención preventiva, especialmente si hay riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia.

Ejemplos prácticos

Un ejemplo de delito flagrante podría ser cuando un ladrón es sorprendido saliendo de una casa con objetos robados y es capturado inmediatamente por la policía.

Otro caso podría ser un agresor que es detenido justo después de cometer un acto de violencia, debido a que la víctima o testigos alertaron rápidamente a las autoridades.

Conclusión

Entender el concepto de delito flagrante es crucial para cualquier ciudadano, ya que ofrece perspectivas sobre cómo actúan las autoridades en momentos críticos y cómo se garantizan o se pueden limitar los derechos durante los procedimientos legales rápidos. Es un equilibrio delicado entre la efectividad en la administración de justicia y el respeto por las garantías individuales.

Este entendimiento no solo ayuda en la comprensión de casos particulares sino que también fortalece la percepción de la justicia y el derecho en la sociedad colombiana.

Otro interrogante que se formula alrededor de este caso es si teniendo 15 años, se le aplica el Condigo de Infancia y Adolescencia, el cual precisa que los menores de 14 años «no son responsables penalmente, aunque se le pueda exigir responsabilidad civil a sus padres o representantes».

La respuesta es Sí: En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia se aplica a todas las personas menores de 18 años.

El Código establece que los adolescentes son personas entre los 12 y 18 años de edad.

Y se explica que así se busca garantizar el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo aquellos de 15 años.

En resumen: Un adolescente de 15 años es considerado un adolescente bajo la ley y, por lo tanto, está sujeto a las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia, incluyendo la protección de sus derechos y deberes.

Los adolescentes tienen derechos y protecciones especiales establecidas en el Código, además de las garantías que tienen como ciudadanos en general.