Judicial Nacional

Corte Suprema resuelve la competencia en el proceso contra César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública por escandalo de corrupción de la UNGRD

–La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente al conflicto de competencias suscitado en el proceso contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, para continuar con el conocimiento de las diligencias preliminares dentro del proceso por el megasaqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manrique Soacha fue citado a imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación por el direccionamiento irregular de procesos contractuales adelantados por , con el propósito de beneficiar a determinados empresarios a cambio de «contraprestaciones económicas».

Ante la Juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo, peculado por apropiación y lavado de activos.

Sin embargo, su defensa señaló en la audiencia que algunas de las conductas correspondían a hechos relacionados con el cargo que ocupaba y que con ocasión a su fuero constitucional, el conocimiento recaería en la Corte Suprema de Justicia y que el juez de control de garantías tendría que ser el Tribunal Superior de Bogotá.

Para la Sala de Casación Penal no se advierte que el indiciado haya ejecutado las conductas que la Fiscalía le atribuye en desarrollo, con ocasión o en razón de las funciones propias del cargo de director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Por el contrario, los hechos relatados en la imputación sugieren que su intervención se habría concretado en el marco de acuerdos informales, de índole personal o político, con directivos de la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”, dijo la Sala.

Así las cosas, los magistrados consideraron que el conocimiento del caso corresponde al Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y remitieron a ese despacho el expediente.