–En Colombia el alquiler de vientres se mueve en un limbo legal que ha abierto la puerta a un negocio global lucrativo y desregulado, en el que la vida se convierte en mercancía y los derechos de mujeres gestantes y recién nacidos quedan desprotegidos. Sin legislación clara ni mecanismos de seguimiento, esta práctica, que en el país puede costar entre 17 y 19 millones de pesos, expone a bebés al abandono o la trata, y a las gestantes a secuelas físicas, emocionales y jurídicas. La situación ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico nacional.

La profesora Rosa Elizabeth Guio Camargo, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), advierte que si la maternidad subrogada —también conocida como gestación por sustitución o alquiler de vientres— no se regula con urgencia, Colombia se podría convertir en un epicentro de tráfico de personas encubierto bajo el turismo reproductivo.

Al no existir mecanismos de verificación y no dar seguimiento a estas formas de paternidad que garanticen el bienestar, la identidad o el entorno protector de los recién nacidos entregados, quedan expuestos a una situación de alta vulnerabilidad frente al abandono, la donación de órganos, la esclavitud, el matrimonio servil o la explotación sexual. Además, en los casos que los padres contratantes son extranjeros y no reconocen al niño, este puede quedar sin nacionalidad, sin derechos y sin una figura legal de protección inmediata.

“Si el bebé nace con una discapacidad, en algunos casos los padres solo se llevan al niño ‘sano’ y el otro queda desamparado. Las clínicas o centros de fertilidad no se hacen responsables y la madre gestante puede no reconocerlo legalmente. Termina interviniendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero sin protocolos claros”, advirtió la experta durante un conversatorio organizado por la Facultad.

En este espacio la docente explicó que las mujeres y las personas transgénero que prestan su vientre para este tipo de prácticas suelen ser personas jóvenes, en edad fértil, con bajos recursos económicos y bajos niveles de escolaridad. Entre tanto, la falta de reconocimiento legal y de protección médica y psicológica las expone a depresión, ansiedad y otras secuelas emocionales.

“El posparto es un periodo que genera afectaciones enormes, y al no haber un reconocimiento quedan desprotegidas jurídica, social y familiarmente, porque no se reconoce el duelo ni el impacto psicosocial que implica entregar a un bebé que se ha gestado por 9 meses”, añadió.

Al tratarse de un hecho no regulado, en Colombia no existen cifras oficiales sobre cuántos casos de maternidad subrogada se presentan ni en qué regiones del país se concentra esta práctica, lo que impide dimensionar el fenómeno y garantizar los derechos de las partes involucradas.

Un marco jurídico ausente
Desde 2009 la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso a legislar sobre la maternidad subrogada. En 2023 se presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de Ley Estatutaria —en cumplimiento de la Sentencia T-275 de 2022— en la que la Corte sentó precedente al ordenar que se reconociera la licencia de maternidad para un padre biológico en un caso de gestación por sustitución. Sin embargo los avances han sido limitados y el debate se ha centrado en el componente contractual, es decir en el acuerdo privado entre el comitente y la gestante, sin considerar los riesgos físicos, emocionales y legales que enfrentan quienes participan.

En este contexto, “sin una regulación estricta, Colombia corre el riesgo de convertirse en un epicentro de tráfico de personas encubierto bajo la figura del turismo reproductivo”, advirtieron los expertos de la rama judicial invitados al conversatorio, entre quienes se encuentran los profesores Paola Marcela Gómez Molina y María Cristina Hurtado, abogadas de la Facultad; Jinyola Blanco Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño; Virgilio Alfonso Hernández Castellanos, procurador general de familia ante el Tribunal Superior de Bogotá; y los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Marco Antonio Álvarez Gómez e Iván Fajardo.

Según la profesora Guio “estamos frente a un gran negocio internacional, muy rentable, en donde la vida se ha convertido en mercancía”, en lo que coincidieron los participantes. De hecho, en países como Estados Unidos o algunos de Europa Occidental se puede llegar a pagar más de 60.000 dólares (unos 240 millones de pesos).

Según explicaron los expertos invitados, en el negocio intervienen tres actores: una empresa o centro de fertilidad (que no siempre es una clínica), un comitente que contrata el proceso, y una persona gestante, que puede ser una mujer o un hombre trans. Entre el comitente y la gestante se firma un contrato, mediante el cual esta última permite la implantación de un embrión creado con el esperma del contratante y un óvulo de origen muchas veces desconocido. La persona gestante recibe una compensación económica, mientras que el comitente se lleva al bebé recién nacido.

La profesora Guio considera que Colombia puede optar por prohibir esta práctica, pero esta debe ir acompañada de políticas públicas eficaces; o puede permitirla, pero con un marco normativo riguroso que garantice la protección de los derechos de todos los involucrados, especialmente de las mujeres gestantes y de los bebés. “Si no se actúa pronto, corremos el riesgo de seguir promoviendo un comercio de seres humanos disfrazado de acto altruista o contrato legal”.

En el panorama internacional, Francia, Alemania e Italia prohíben la maternidad subrogada, mientras en países como Ucrania —conocida como el “útero del mundo”— ha sido permitida, aunque con el conflicto bélico que afronta ese país cerca de 100 niños quedaron encerrados sin nacionalidad hasta que abrieron fronteras, lo que evidencia los riesgos de esta práctica. De igual manera, en India, Grecia y algunas partes de México y EE. UU., y en varios países de América Latina no está regulada. (Información y foto Agencia de Noticias UNAL).