–Al amparar los derechos fundamentales de las y los niños y adolescentes que se han visto desplazados por la violencia en el Catatumbo, el Consejo de Estado estableció que, pese a las medidas que han adoptado autoridades departamentales y nacionales para garantizar los derechos fundamentales de estos menores, es necesario adelantar actuaciones a favor de este grupo poblacional en los municipios que integran esa región.

La corporación judicial señaló que dado que 11 entes territoriales aún no han aportado la información que permita identificar a las víctimas y hacer seguimiento al suministro de ayudas, ordenó a esos municipios que adelantaran los censos respectivos, así como el establecimiento de la ruta que hiciera posible la entrega de los auxilios, si aún no lo habían hecho.

Esa decisión cobija a las autoridades de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro.

Ante los esfuerzos evidentes que han adelantado los municipios de La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí, este órgano judicial exhortó a sus autoridades a seguir cumpliendo con estas obligaciones.

En el proceso se probó la respuesta asertiva del sector defensa para repeler y evitar hechos de violencia contra la población civil, así como la entrega de ayudas humanitarias; la implementación de modelos educativos de excepción, como los denominados ‘aulas temporales para la paz’ y ‘aulas temporales de emergencia’ y el restablecimiento de derechos de los menores en municipios como La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí.

Además de las autoridades de esos entes territoriales, esta gestión se ha visto fortalecida por la colaboración de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Administrativa y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.

Por ello animó a estas entidades a seguir adelantando ese tipo de tareas.

Finalmente exhortó a que se adopten medidas de atención a desplazados, con enfoque diferencial para las y los niños y adolescentes, por parte de la UARIV; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); el Departamento Nacional de Planeación; la Agencia de Renovación del Territorio y los ministerios del Interior; de Salud y Protección Social; del Deporte; de Vivienda, Ciudad y Territorio; del Trabajo; de la Igualdad y de Educación Nacional.