–Como Cristian Camilo González Ardila fue identificado el sujeto que se entregó este viernes de manera voluntaria a la Fiscalía por su presunta implicación en el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. González se entregó en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en una vivienda ubicada en el sur de Bogotá, en donde fueron incautados elementos que precisamente lo vincularían con el ataque criminal perpetrado contra el dirigente político en el barrio Modelia el pasado 7 de junio.

La Fiscalía General de la Nación informó en un comunicado que inmediatamente radicó audiencias de legalización de registro y allanamiento, imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra un hombre que estaría involucrado en el atentado contra Uribe Turbay.

Añadió que esta persona habría sido la designada de sacar de las inmediaciones del parque El Golfito al adolescente capturado en flagrancia tras realizar el ataque contra la vida del precandidato presidencial.

«El hombre se entregó voluntariamente en la diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una vivienda en el sur de Bogotá, donde fueron incautados elementos que lo vincularían en la investigación», puntualizó la Fiscalía.

Finalmente indicó que esta persona será imputada por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con Cristian Camilo González Ardila, quien fue recluido en un calabozo del bunker de la Fiscalía, son seis las personas capturadas por su presunta vinculación al atentado contra Uribe Turbay.

Tras la captura en flagrancia del adolescente de 15 años que disparó a quemarropa al senador y precandidato presidencial, cayó en primer lugar, Carlos Eduardo Mora González, señalado de ser el conductor del vehículo tipo Spark, color gris, en el cual se le habría entregado el arma al autor material de la acción criminal.

Luego fue capturada en la ciudad de Florencia, Caquetá, Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, a quien la Fiscalía señala de haber pagado el transporte al menos de 15 años hasta el barrio Modelia y también de entregarle el arma.

Después cayó, en desarrollo de la investigación, William Fernando González Cruz, señalado de haber ayudado a Mora González y a alias “Gabriela” a escapar del parque El Golfito,

Luego fue capturado el presunto cerebro y planeador del atentado, Elder José Arteaga Hernández, alias el “costeño”, por cuya aprehensión se había ofrecido una recompensa de hasta $300 millones. Su captura se hizo efectiva en el barrio El Muelle, en inmediaciones del Aeropuerto Eldorado, en la localidad de Engativá, donde se escondía.

Las capturas se hicieron efectivas en desarrollo de la minuciosa investigación adelantada por la Fiscalía que logró identificarlos tras la verificación de 89 cámaras de seguridad, 8 interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, 7 diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, 3 perfiles criminales, 3 retratos hablados, entre otras actividades.

Además, con base en información extraída de 8 teléfonos celulares incautados. En uno de los dispositivos revisados, que perteneció al adolescente que disparó contra el precandidato presidencial y fue localizado en su lugar de residencia, fueron encontrados rastros gráficos que quedaron en la memoria caché del teléfono, entre estos imágenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y de la Fiscal General de la Nación.

Los procesados han sido imputados, entre otros delitos, por homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores de edad en la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La imputación jurídica de la conducta, que corresponde al delito de homicidio en modalidad de tentativa, tiene una causal de agravación que es la que contempla el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal, que es ser defensor de derechos humanos, periodista, servidor público y/o miembro de una organización política. En este caso, el agravante expuesto en audiencia por los fiscales radica en la calidad de integrante de una colectividad política del precandidato Uribe Turbay en el momento del atentado.

Hasta ahora ninguno de los procesados ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía.