–En firme dejó el Tribunal Superior de Bogotá la condena a 10 años de prisión domiciliaria al intendente de la Policía Alfonso Quinchanegua y de 9 años y 3 meses a la patrullera Dana Alejandra Cañizales, por su participación en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, la exempleadas de Laura Sarabia.

Además, Quinchanegua deberá pagar una multa de 354.15 salarios mínimos legales vigentes y Cañizales de 354.15 salarios mínimos legales vigentes.

Las condenas a los uniformados fueron ratificadas por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material ideológica en documento público agravado por los hechos ocurridos en enero del 2023, tras la pérdida de 4 mil dólares de la exjefe del gabinete del presidente Gustavo Petro.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Cañizales Bonilla, al parecer, a través de documentos falsos obtuvieron la orden de una fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá para intervenir las comunicaciones de Marelbys Meza y otras dos personas cercanas a ella, a quienes presuntamente hicieron pasar como integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá que estaría involucrado en la pérdida de un dinero en la casa de la señora Sarabia Torres.

Para la Fiscalía, los integrantes de la Policía Nacional indujeron en error a fiscales, que creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que terminaron por dar aval a las interceptaciones. En ese sentido, fueron imputados en su momento, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.

Cabe recordar que por este sonado caso del uso del polígrafo por la pérdida del dinero de Laura Sarabia, se adelantan procesos penales contra el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de Palacio, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.

Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez le fue formulado el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado. Los tres procesados no aceptaron cargos.

La investigación da cuenta de que los funcionarios habrían aprovechado sus cargos, y usado un vehículo y otros bienes públicos para intimidar a la señora Meza Buelvas, limitar su autonomía y someterla a una prueba que vulneró su integridad emocional y personal.

El coronel Feria Buitrago, al parecer, ordenó a sus subalternos realizar lo necesario para ubicar un dinero que se había perdido de la residencia de la exjefe de Gabinete de la Presidencia. En ese sentido, presuntamente, autorizó disponer de una camioneta oficial para trasladar a la exempleada de la señora Sarabia Torres desde Soacha (Cundinamarca) al Edificio Galán, ubicado frente a la Casa de Nariño, donde le realizaron el examen del polígrafo.

A su vez, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez son señalados de recibir a la mujer, quitarle el celular y practicarle la prueba, en medio de preguntas que sugerían que estaría involucrada en la pérdida del dinero que buscaban.

Al término del examen de polígrafo, los uniformados le devolvieron el celular, pero tan pronto Marelbys Meza lo tuvo en sus manos y desbloqueó, el intendente se lo arrebató y se lo devolvió una hora después. Al parecer, durante ese tiempo fue extraída de manera ilegal información del equipo móvil.

De acuerdo con la normatividad vigente, la prueba de polígrafo se puede realizar exclusivamente a personas que tienen vínculo laboral con la Presidencia de la República, no a personal externo, como ocurrió en el caso de la exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia, advirtió la Fiscalía.