–Aunque en Colombia las políticas recientes prometen un enfoque de salud pública, la política de drogas sigue tratando al habitante de calle consumidor de bazuco como una amenaza. Un estudio reciente evidenció que la represión policial y la rehabilitación por vía exclusiva de la abstinencia siguen siendo las respuestas del Estado, a pesar del costo que representan en derechos humanos; el daño es profundo y sistemático.

El 28 de mayo de 2016 más de 2.000 personas fueron retiradas del Bronx, la “olla” más grande de Bogotá, en un operativo liderado por el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Policía Metropolitana. Aunque este hecho se presentó como un golpe al crimen organizado, las redes de tráfico no fueron desmanteladas; de hecho, el expendio de drogas se dispersó en más de 400 puntos, especialmente en localidades como Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal y Kennedy.

Entre cifras, titulares y aplausos institucionales, el verdadero foco de exclusión quedó al margen: el habitante de calle consumidor de bazuco.

En 2013, la Corte Constitucional reconoció a esta población como sujeto de protección especial. Sin embargo, las políticas públicas orientadas al consumo problemático han reproducido el estigma. Traslados forzados, detenciones arbitrarias y rehabilitación obligatoria se convirtieron en parte del escenario de represión documentado por la investigación.

“El Estado respondió con una lógica de control territorial basada en el uso de la fuerza”, advierte Andrés Felipe Hernández Vargas, magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

A su juicio, la ausencia de garantías mínimas, el uso sistemático de la represión y la imposición de programas sin alternativas diferenciales configuran una forma sostenida de violación de los derechos humanos.

“Estos procedimientos policiales violan sistemáticamente los derechos humanos de quienes habitan la calle y consumen bazuco, y esto no se trata de casos aislados, sino de una práctica institucionalizada”, señala.

Historias de vida entre la represión y el olvido
En su investigación, el magíster Hernández documentó 6 historias de vida que revelan cómo, tras la intervención del Bronx, muchos habitantes de calle fueron trasladados por la fuerza a centros de atención que no eligieron, despojados de sus pertenencias y sometidos a tratos que vulneraron su autonomía y su dignidad. En vez de ofrecerles alternativas de cuidado, el Estado impuso rutas de atención que desconocieron sus voces, sus decisiones y su experiencia vital.

Uno de los participantes relató que “llegamos a ese lugar y lo primero que hicieron fue quitarnos toda la ropa y las cosas. Nos metieron a bañar como si fuéramos animales”.

Estas acciones activaron mecanismos de exclusión como el aislamiento forzado, la pérdida de redes de apoyo entre pares, el estigma institucionalizado y la imposición de tratamientos sin consentimiento, que vulneraron directamente sus derechos fundamentales. “Uno allá estaba con los parceros, nos cuidábamos entre todos. Pero nos regaron por todo lado y ya no volví a verlos”, señaló otro entrevistado refiriéndose a la disolución de vínculos comunitarios tras los traslados.

“Nos trataban como si fuéramos basura. Todo el tiempo nos gritaban, nos señalaban. Nunca nos preguntaron qué queríamos”, recordó uno de los internados involuntariamente al describir el trato recibido por parte del personal institucional.

La tesis también recoge sentimientos de soledad e incomprensión: “uno allá se sentía solo. Decían que era por nuestra salud, pero nadie nos hablaba, nadie nos escuchaba”.

Uno de los testimonios más contundentes resume la experiencia colectiva: “nos metieron a la fuerza a donde ellos querían. Apenas uno se salía, la Policía lo volvía a subir al camión”.

Según el magíster, estos traslados, ejecutados sin consentimiento ni opciones reales de atención, constituyen una violación directa al derecho a la libertad personal.

El bazuco sigue fuera del debate
Históricamente el bazuco —un derivado fumable de la cocaína, adulterado con solventes industriales como gasolina, cal, polvo de ladrillo e incluso residuos orgánicos— ha sido relegado en las políticas antidrogas del país. La nueva Política Nacional de Drogas 2023?2033, “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, incorpora por primera vez un enfoque de salud pública y derechos humanos que prioriza la reducción de daños y la atención integral del consumo.

A pesar de ese giro discursivo, el investigador cuestiona la eficacia real de la nueva política. Su análisis, basado en entrevistas y documentos institucionales, muestra que en la práctica persiste una lógica punitiva centrada en la erradicación de cultivos, la abstinencia obligatoria y el control del consumo en el espacio público.

Dicho enfoque ha invisibilizado el uso de bazuco, tanto en los diagnósticos como en las rutas de atención, y ha excluido a los consumidores del diseño de las políticas. Aunque el marco normativo habla de salud, las respuestas estatales siguen siendo las mismas: represión, institucionalización forzada y silencio frente a esta sustancia.

“El Estado no ha definido cómo abordar el consumo de bazuco ni ha reconocido las necesidades reales de esta población. Todo se reduce a pedirles que se rehabiliten, que salgan de la calle y que dejen de consumir, como si eso fuera una solución única y válida para todos”, advierte el magíster Hernández.

Más allá del consumo
El bazuco, una sustancia altamente estigmatizada, está ligada a consumidores que no son políticamente visibles. A eso se suma la visión reduccionista del “habitante de calle”, que suele asociarse solo con la falta de techo, sin considerar factores como la salud mental, los vínculos afectivos o las decisiones autónomas sobre cómo habitar el espacio público.

Frente a esta mirada parcial, el magíster plantea la necesidad de replantear el diseño institucional de las políticas públicas, incorporando activamente las voces de los consumidores de bazuco. No se trata de tratarlos como objetos de asistencia, sino de reconocerlos como actores sociales con capacidad de decisión y experiencia vivida.

Esa transformación implica adoptar estrategias reales de reducción de riesgos, como el uso de pipas de vidrio seguras, atención médica ambulatoria sin exigencia de abstinencia, y espacios de escucha que no partan del castigo o la corrección.

“No todo el mundo se quiere rehabilitar, y eso también es una decisión que se debe respetar”, afirma el magíster Hernández.

El caso del Bronx no fue una excepción, sino parte de una cadena de intervenciones urbanas que han desplazado el problema sin resolverlo. Al no reconocer la posibilidad del consumo ni las realidades concretas de quienes lo ejercen, la política de drogas, lejos de ser una estrategia de cuidado, refuerza la criminalización y reproduce la violencia basada en prejuicios.

Aunque desde la academia y la sociedad civil han surgido propuestas con enfoques de derechos y salud pública, el investigador advierte que sin voluntad política real cualquier reforma quedará en el papel. Mientras tanto, quienes habitan la calle y consumen bazuco seguirán siendo tratados como una amenaza que hay que esconder, y no como ciudadanos con derecho a decidir sobre su cuerpo y su historia. (Información y foto Agencia de Noticias UNAL).