–Más de 82 mil 800 mujeres y hombres se tuvieron se vieron obligadas a abandonar sus bienes y territorios, y otras poco más de 50 mil 700 resultaron confinadas durante el primer semestre del año en Colombia, reportó la Defensoría del Pueblo en un informe sobre las Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia por el conflicto armado y la violencia ejercida por los grupos armados ilegales.

Ante las alarmantes cifras de desplazamiento forzado y confinamiento registradas en el país , la Defensoría urgió a la institucionalidad gubernamental en su conjunto a trabajar en la protección de las comunidades, en particular las más vulnerables, garantizar la asistencia humanitaria en las regiones, así como las condiciones de seguridad.

El panorama revela una grave vulneración de los derechos humanos, así como una compleja situación humanitaria, advierte la Defensoría en su informe.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio, 82.819 personas tuvieron que desplazarse masivamente, dejando sus bienes y territorios. Mientras tanto, 50.713 resultaron confinadas debido a combates, presencia de actores armados ilegales y, en general, por el conflicto que sufre el país.

Durante junio, 856 mujeres y hombres, principalmente de Antioquia, Chocó y Valle, se vieron obligadas a salir de sus casas, para buscar seguridad en otras zonas, donde sus vidas no corrieran peligro; sumado a esto, 14.993 personas se confinaron, siendo Guaviare, con 10.000 casos, el departamento donde más personas vieron restringido el acceso a necesidades básicas.

Igualmente, en el primer semestre del año por Colombia transitaron 84.083 personas en situación de irregularidad migratoria, la mayoría proviene de Venezuela, Ecuador y la India. En total, 33.246 mujeres, 33.102 hombres y 17.735 niñas, niños y adolescentes, que durante sus recorridos se exponen a la trata de personas, la violencia sexual, la instrumentalización de menores de edad, entre otros.

En cuanto a la migración inversa, entre el 1 de enero y el 30 de junio se tiene registro de ingreso al país de 12.347 migrantes. Esta cifra, de personas que buscan retornar a su país de origen, continua en aumento. Debido a la precariedad en la que hacen el recorrido, se enfrentan a graves riesgos que han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo.

En su informe, la Defensoría destaca que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron 69 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a un total de 82.819 personas. Durante el mismo período, se documentaron 52 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 50.703 personas. Adicionalmente, se identificaron 141
situaciones de riesgo de confinamiento y/o desplazamiento.

La Subregión del Catatumbo, situada en el noreste del departamento de Norte de Santander, ha sido la más afectada en lo corrido del 2025, pues presentó uno de los desplazamientos masivos forzados más importantes de los últimos años. Además de los eventos previamente mencionados, en esta zona se registraron 21 eventos que ocasionaron el desplazamiento de 72.588 personas. En cuanto al confinamiento, se informó que actualmente hay 2.476 personas afectadas en la región.

La Defensoría también detalla la Dinámica Fronteriza entre Colombia y Panamá, en esta oportunidad, el flujo migratorio
inverso, esto es, los migrantes que retornan de la frontera de Estados Unidos con México, debido a los drásticos controles militares y policiales.

La Defensoría del Pueblo ha identificado, por medio de los registros de la autoridad migratoria que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, han ingresado al país 12.347 migrantes en flujo inverso, llegando desde La Miel (Panamá) hasta Capurganá (Chocó). De estos, el 56,5% son hombres, el 25,4% son mujeres adultas y el 18,1% son niños, niñas y adolescentes. la mayoría se trasladan hacia Necoclí y Turbo en Antioquia.

De otro lado, relaciona las dinámicas sobre migración, refugio y asilo y precisa los riesgos asociados a la migración irregular.

Dentro de los riesgos que persisten para las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, así como para las comunidades de acogida, se identifican los siguientes:

Tráfico de migrantes y trata de personas: Las rutas migratorias son controladas por grupos armados organizados, quienes regulan y se lucran con el paso de migrantes.

Violencia sexual y de género: Las mujeres migrantes, especialmente gestantes y lactantes, son altamente vulnerables a la violencia sexual, trata y explotación, así como a la prostitución forzada. Las niñas, niños y adolescentes no acompañados enfrentan un riesgo agravado de ser víctimas de trata y explotación sexual.

Riesgo para población LGBTIQ+: Personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sufren discriminación, exclusión, agresiones y violencia de todo tipo durante el tránsito.

Instrumentalización de menores: Niñas, niños y adolescentes migrantes pueden ser instrumentalizados por redes criminales para actividades ilícitas, dada su alta vulnerabilidad y la falta de protección institucional.

Afectaciones a comunidades étnicas: Comunidades indígenas y afrodescendientes ven transformados sus territorios y roles, siendo a veces forzados a participar en las dinámicas migratorias, lo que incrementa riesgos ambientales, culturales, sociales y de seguridad.

Falta de protección y atención: La carencia de albergues, recursos médicos y atención humanitaria expone a la población migrante a riesgos de salud, desnutrición y muerte.

Xenofobia y aporofobia: La población migrante es objeto de tratos inhumanos, discriminación y rechazo por su condición de vulnerabilidad y pobreza.

La Defensoría del Pueblo recomienda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Consejería Presidencial y autoridades educativas implementar acciones urgentes para prevenir el reclutamiento y la violencia sexual contra menores migrantes, y activar las Rutas y Equipos de Atención Inmediata en los municipios priorizados por la alerta Temprana Binacional No. 001 de 2023.