–En desarrollo de su función de vigilancia sobre la correcta ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, la Procuraduría General de la Nación anunció que dio comienzo a un poco más de 140 actuaciones disciplinarias, 90 de las cuales se encuentran en etapa de investigación.

Así mismo, en desarrollo de su función preventiva, el órgano de control reportó que ha liderado durante 2025 mesas técnicas con las gobernaciones de Santander, Arauca, Meta, Cauca y San Andrés, así como con entidades del orden nacional y local, en las que ha ejercido vigilancia y emitido alertas sobre inversiones públicas cercanas a 1,5 billones de pesos.

Esas acciones, ejecutadas por la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, han sido reforzadas con la expedición de 34 circulares (diez de ellas en lo corrido de 2025) dirigidas a entidades y funcionarios públicos, donde se fijaron directrices, pautas y recomendaciones respecto a la correcta aplicación de las normas que rigen la ejecución de los recursos provenientes del SGR en el país.

Precisamente, una de las circulares emitidas, firmada por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, llamó la atención sobre la concentración de recursos del SGR en fondos mixtos, pues a julio de este año tenían a su cargo 1.515 proyectos de inversión por 4,9 billones de pesos, situación que podría generar un riesgo para la ejecución eficiente y eficaz de los distintos proyectos.

En otra de las circulares emitidas, la Procuraduría pidió la adopción de medidas para avanzar en la aprobación y ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación -CTel- financiados por el SGR, ante el retraso en las etapas de inversión que para los años 2025 – 2026 cuentan con una disponibilidad inicial de 6,9 billones de pesos.

Por último, el órgano de control recuerda que el Sistema General de Regalías reviste una gran importancia para el país, toda vez que para el último bienio (2025-2026) su valor aproximado es de 31 billones de pesos. Con base en esa cifra se planean diferentes proyectos de inversión, respecto de los cuales la Procuraduría General de la Nación ejerce sus misionalidades tanto preventivas como disciplinarias, para vigilar la correcta ejecución de esos recursos.

INFORME DE LA CONTRALORÍA

A propósito del tema, la Contraloría General de la República publicó un estudio que revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación, especialmente en municipios productores de recursos no renovables.

A pesar de los cuantiosos recursos recibidos gracias a la bonanza minera y petrolera, los avances en calidad de vida y desarrollo sostenible en estos territorios han sido marginales. El caso de La Jagua de Ibirico Ilustra el colapso económico tras el retiro de la empresa minera.

Para el bienio 2021-2022, en las regiones se iniciaron 5.426 proyectos de inversión por un valor integral superior a los 23,3 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). A corte de diciembre del 2024, solo el 63 por ciento de esos proyectos se encontraban finalizados. Aunque se financiaron sectores clave, el transporte recibió $7 billones, relegando salud, educación y ambiente.

Se considera en el estudio que, si bien la infraestructura de transporte mejora la conectividad y fomenta la inversión, muchos de estos proyectos resultan ineficientes y costosos de mantener, perpetuando así las desigualdades sociales y regionales.

Más del 50% de los departamentos han destinado la mayor parte de las regalías al sector transporte, sin comprobar si estas inversiones realmente han generado desarrollo económico o reducción de necesidades básicas insatisfechas.

La Contraloría identificó más de 125 proyectos por más de $1.1 billones durante el bienio 2021-2022 destinados a alimentación y transporte escolar, convirtiendo las regalías en una fuente para cubrir gastos recurrentes, algo prohibido por su propia naturaleza legal.

De acuerdo con este estudio, el SGR, diseñado para mejorar la vida en las regiones productoras, ha sido obstaculizado por una mala gestión local. En particular, la falta de capacidad institucional, especialmente en aquellos de categoría 5 y 6, ha comprometido la viabilidad de los proyectos financiados. La deficiencia en la planeación, la escasez de personal capacitado y la ejecución deficiente de los proyectos han generado demoras, sobrecostos y, en algunos casos, la no culminación de estos.

La falta de una adecuada planificación, sumada a la falta de estudios y diseños, así como la improvisación en algunos proyectos ha impedido que los recursos del SGR generen los impactos esperados en términos de desarrollo y reducción de desigualdades. A pesar de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el órgano rector del sistema, la autonomía de los entes territoriales en la aprobación y ejecución de proyectos ha contribuido a la ineficacia y la falta de control sobre las inversiones.

La falta de coordinación entre el SGR y el SGP ha generado duplicación de gastos. A pesar de la gran cantidad de fondos invertidos, no se ha logrado reducir de manera significativa las disparidades entre los municipios más ricos y los más pobres del país.

El fenómeno conocido como «pereza fiscal», sumado a la dependencia de las regalías como única fuente de financiamiento, ha obstaculizado el desarrollo integral de las regiones productoras y perpetuado la inequidad.

El estudio de la CGR señala que la dependencia de los municipios respecto a los recursos del SGR ha generado una economía rentista, altamente vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales. Esta situación afecta tanto a territorios productores como a los no productores.

La Contraloría ha identificado en sus auditorías graves fallas en la formulación, planeación y ejecución de los proyectos financiados con regalías, así como inobservancia de la normatividad, falta de seguimiento técnico y la ausencia de estudios de viabilidad. Todo esto ha generado una alta tasa de proyectos inconclusos, inversiones ineficientes y pérdida de recursos públicos.

La Contraloría vuelve a alertar en el estudio sobre los riesgos de un colapso energético si no se garantiza una transición energética ordenada. A partir de 2027 se proyecta una reducción progresiva de regalías por la descarbonización y el agotamiento de reservas, lo que podría comprometer la seguridad energética, la autosuficiencia en combustibles y la financiación de proyectos sociales.

Sobre este punto, el estudio de la CGR recomienda:

*Desarrollar un plan de transición energética claro, con enfoque territorial.

*Incentivar la producción responsable de hidrocarburos, sin frenar de golpe el recaudo por regalías.

*Ampliar y mejorar la infraestructura energética, garantizando abastecimiento, especialmente de gas.

Se recuerda una advertencia reiterada del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Sin acciones urgentes, el país podría enfrentar un nuevo apagón.